La cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto enviado por el poder ejecutivo que permitirá comenzar a pagar las deudas previsionales a jubilados y pensionados, que hayan o no iniciado juicios contra el estado, por la mala liquidación de sus haberes. Los principales puntos de la ley. El formoseño José Mayans criticó el proyecto del ejecutivo.
La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que permitirá comenzar a pagar las deudas previsionales a jubilados y pensionados, que hayan o no iniciado juicios contra el Estado, por la mala liquidación de sus haberes.
La iniciativa fue aprobada en general por 55 votos a favor y once en contra tras nueve horas de debate con el apoyo del interbloque Cambiemos más el peronismo disidente y gran parte del bloque del Frente para la Victoria.
Fundamentos del Senador Nacional, José Mayans.
En contra votaron un sector ultrakirchnerista, mientras que se abstuvo Proyecto Sur.
Al ser discutida en particular, hubo varios artículos cuestionados por la oposición, como los que hablan sobre el blanqueo y sobre la utilización del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES para pagar las deudas, pero que fueron aprobados, aunque con un margen menor a la votación en general.
La ley contempla el pago de las deudas por haberes mal liquidados a jubilados y pensionados, que se financiará en parte gracias a reformas al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) del Anses y en parte a la apertura de un blanqueo de capitales.
La propuesta promueve la declaración de la emergencia en los casos de litigiosidad previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron por la mala liquidación de sus haberes, que serán financiados con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.
No tributarán nada quienes blanqueen hasta los 305.000 pesos. Pagarán un arancel del 5% quienes blanqueen la compra de inmuebles y capitales por hasta 800.000 pesos y del 10% para los montos mayores. Suma que sube al 15% desde el próximo año.
Además se prevé la actualización de los haberes y se impulsa la creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagarán con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Entre otros puntos, el proyecto establece que el programa de reparación para jubilados y pensionados sea optativo, apuntando a un tercio de los jubilados (casi dos millones y medio).
Podrán participar aquellos que tienen una sentencia firme favorable en juicios contra el Estado por haberes mal calculados, quienes iniciaron juicios pero aún no obtuvieron fallo y quienes no hicieron juicio, pero se les reconocen haberes mal calculados.
Aquellos con sentencia firme que opten por este programa cobrarán el 50% de la deuda en el primer mes y el resto en doce cuotas trimestrales.
El financiamiento del programa se hará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se habilita al Estado a vender las acciones de Anses en empresas privadas hasta un siete por ciento de la cartera que debe permanecer en manos del Estado.
La propuesta obtuvo rápido el apoyo de los gobernadores tras la firma del acuerdo para devolverles el 15% de la coparticipación que desde 1992 se retenía para financiar el sistema previsional.
Además se otorga un beneficio a los trabajadores de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que no están alcanzados por Bienes Personales para que queden exceptuados del pago de Ganancias en el medio aguinaldo de junio.
El proyecto también incluye la Pensión Universal para la Vejez que supone el ochenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y que será a partir de los 60 años para las mujeres y de los 65 para los hombres.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el peronista pampeano Daniel Lovera, defendió la iniciativa argumentando que se trata de “una reparación para jubilados” que “busca un blanqueo de capitales para hacer frente a esa tarea”.
No obstante, Lovera destacó la “restitución” del quince por ciento de la Coparticipación para las provincias a las que se les había retenido desde la década de los ’90.
El presidente del bloque radical, Angel Rozas, consideró a la iniciativa como “trascendente”, ya que “no solo ha puesto a prueba el carácter social y federal del gobierno nacional, sino que viene a saldar con sensatez y equidad las deudas internas más serias que tienen los argentinos”.
En tanto, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, evaluó que “el corazón del eje de este debate tiene como finalidad el pago a los jubilados y un compromiso y un desafío para el gobierno”.
La peronista disidente Liliana Negre de Alonso, en tanto, destacó que “hay una deuda pendiente” y “una violación a los derechos humanos” en referencia a lo que se les debe a los jubilados, al tiempo que adelantó que votará el blanqueo de capitales “porque tiene una asignación específica para que estos fondos vayan a abonar esta reparación”.
Finalmente, la ultrakirchnerista María Labado fustigó duramente al proyecto y denunció que “el blanqueo no garantiza el financiamiento” del pago de las deudas.
Además, indicó que el Senado debería estar debatiendo “la Ley del 82% móvil”, pese a que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó durante su primer gobierno una norma similar aprobada por la oposición.
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