La diputada provincial Alejandra Andraus valoró la decisión del Gobernador en enviar a la Legislatura Provincial el proyecto de adhesión a la Ley Micaela. Señaló que es un paso importante para la lucha de las mujeres. Y reconoció que «de ahora en más los funcionarios públicos tendrán más conocimientos para resolver conflictos y aplicar políticas con enfoque de género en Formosa”, calificó.
Como impulsora del primer proyecto de ley para la adhesión provincial a la Ley Micaela (junto al Adrián Bogado en el 2019), Andraus valoró que el Ejecutivo Provincial haya tomado la decisión de cristalizar y formalizar un anhelo que se venía postergando. “Formosa era una de las pocas provincias que no se había plegado a la normativa nacional. Y más allá de los egos, fue grato escuchar el anuncio del Gobernador”, dijo la legisladora.
Como primer objetivo, la adhesión provincial a la Ley Micaela tendrá un beneficio directo para los empleados y funcionarios de la administración pública. “A partir de esta formalidad, tendremos más funcionarios capacitados en perspectiva de género, para poder resolver conflictos bajo este enfoque y también aplicar políticas que encuadren en mejores derechos de las mujeres”, puntualizó.
Alcance de la Ley Micaela
Los siguientes son los puntos más importantes contemplados en la Ley Micaela, contra la violencia de género:
-Formación y capacitación con perspectiva de género del personal que se desempeña en los tres poderes del Estado.
-Creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres.
-Cacitación de las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria; en cargos electivos, por concurso o por cualquier otro medio legal de contratación.
-Fija como autoridad de aplicación en el ámbito del poder Ejecutivo al Consejo Nacional de las Mujeres y al Ministerio de Modernización, o las dependencias que en el futuro las reemplacen.
-Obliga a los poderes Legislativo y Judicial a designar la autoridad de aplicación en sus respectivos ámbitos, en un plazo de 30 días contados desde la promulgación de la ley.
– Hace obligatorio para todo el personal alcanzado por esta ley cursar y aprobar cada año una capacitación en gestión con perspectiva de género de acuerdo con contenidos curriculares mínimos.
– Otorga carácter obligatorio y requisito necesario a esos contenidos para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión de la capacitación creada en esta norma.
– Establece como falta grave negarse a cumplir con esa capacitación, lo que dará lugar a sanción disciplinaria y obstaculizará los ascensos.
– Prevé la participación -en todas las instancias- de las organizaciones sindicales del sector en resguardo de los intereses de las personas que trabajan en la función pública.
– Encomienda al Consejo Nacional de las Mujeres diseñar los contenidos mínimos, curriculares en un plazo máximo de 180 días desde la promulgación de la ley.
– Dispone que esos contenidos deben velar por la sensibilización de las personas en función de prevenir la violencia de género a través de provisión de estándares, protocolos de trabajo y recomendaciones de buenas prácticas.
– Prevé la implementación de mecanismos eficaces de participación de la sociedad civil y sus organizaciones en la elaboración de las directrices de la capacitación en perspectiva de género.
– Dispone la inclusión en los materiales de una reseña de la vida Micaela García, militante social y política en cuya memoria se instituye este programa, y de otras víctimas de femicidio, así como de la historia de organización y lucha del movimiento de mujeres en Argentina.
Fuente: La Mañana.
Dejar una contestacion