Los precios de los medicamentos volvieron a superar la inflación y reavivaron la preocupación por el impacto que esta situación tiene sobre el acceso a los tratamientos médicos, especialmente entre jubilados, pacientes con enfermedades crónicas y sectores de menores ingresos.
Así lo manifestó el defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, quien sostuvo que, a julio de 2026, los medicamentos acumulan un incremento promedio cercano al 315% desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023. Según señaló, este escenario responde a las políticas de desregulación implementadas por el Gobierno nacional y a la elevada concentración que existe en la producción y comercialización de fármacos.
Gialluca indicó que, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% en mayo, los medicamentos aumentaron alrededor de un 2,6%, es decir, aproximadamente un 30% por encima del índice general de inflación.
En ese sentido, citó las declaraciones del secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), Marcelo Peretta, quien sostuvo que los medicamentos continúan incrementándose por encima del promedio de los bienes y servicios que integran la canasta de consumo de los hogares argentinos.
Peretta también cuestionó la metodología utilizada para medir la evolución de los precios de los medicamentos, al considerar que el relevamiento oficial toma como referencia un grupo reducido de productos dentro de un universo mucho más amplio, por lo que, a su criterio, los datos publicados no reflejan con precisión los aumentos que enfrentan diariamente los consumidores.
Reclamo al Ministerio de Salud
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo informó que trasladó la situación al ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Iván Lugones, solicitando la adopción de medidas que permitan evitar aumentos considerados abusivos y establecer mecanismos que garanticen una mayor protección para los consumidores.
Desde el organismo remarcaron que actualmente los medicamentos no cuentan con un precio máximo fijado por el Estado nacional y que, en un mercado desregulado, son los laboratorios y la cadena de distribución quienes determinan directamente los valores de comercialización.
Gialluca sostuvo que la fuerte concentración del mercado farmacéutico limita la competencia y dificulta una reducción de los precios, ya que un reducido grupo de laboratorios concentra gran parte de la producción y comercialización de medicamentos en el país.
Asimismo, cuestionó las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas las modificaciones normativas que permiten la comercialización de medicamentos de venta libre en kioscos, supermercados y estaciones de servicio.
Según expresó, lejos de generar una mayor competencia y una baja en los precios, estas medidas no modificaron la estructura del mercado y podrían representar riesgos para la salud pública al facilitar el acceso a medicamentos fuera del ámbito farmacéutico.
Debate por la venta
online de medicamentos
Otro de los puntos planteados por la Defensoría del Pueblo es la expansión de la venta digital de medicamentos, una modalidad que, según el organismo, no produjo el efecto esperado en materia de reducción de precios y podría favorecer la automedicación.
Desde la institución señalaron que actualmente es posible encontrar en internet medicamentos sujetos a prescripción médica, incluidos algunos destinados al tratamiento de enfermedades neurológicas, lo que consideran una situación que requiere mayores controles.
En ese contexto, indicaron que la ampliación de los canales de comercialización incrementa el riesgo de un uso inadecuado de determinados medicamentos si no existe un control efectivo sobre su expendio.
Por su parte, desde Mercado Libre sostienen que la comercialización de medicamentos con receta se realiza dentro del marco legal vigente. El procedimiento establece que el usuario debe seleccionar el producto, verificar que coincida con la prescripción médica, adjuntar la receta digital antes de concretar la compra y esperar la validación de una farmacia habilitada. Una vez aprobada la operación, el medicamento puede ser enviado al domicilio del paciente y, cuando corresponde, el comprador puede gestionar el reintegro ante su obra social o empresa de medicina prepaga.
Preocupación por el
acceso a los tratamientos
Para la Defensoría del Pueblo, la discusión sobre la venta online de medicamentos excede la cuestión tecnológica y debe centrarse en garantizar el acceso equitativo a los tratamientos.
En ese sentido, Gialluca advirtió que muchos adultos mayores y personas pertenecientes a sectores vulnerables no cuentan con los conocimientos digitales ni con los recursos tecnológicos necesarios para utilizar estas plataformas, por lo que continúan dependiendo de la atención presencial en las farmacias.
Finalmente, el organismo insistió en la necesidad de implementar políticas que promuevan una mayor transparencia en la formación de precios, fortalezcan los controles sobre el mercado farmacéutico y aseguren que el acceso a los medicamentos no quede condicionado exclusivamente por las reglas de un mercado altamente concentrado, teniendo en cuenta que se trata de un bien esencial vinculado directamente con el derecho a la salud
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