Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa advirtieron que la prórroga de la emergencia energética hasta 2027 impactará de lleno en los usuarios que dependen del gas envasado, en una provincia donde la red de Gas NEA es casi inexistente y el acceso al gas natural sigue siendo una deuda estructural.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de prorrogar la emergencia energética en el sector gasífero hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida, formalizada este martes 27 de enero mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 49/2026, reconoce que las obras de infraestructura necesarias para alcanzar el autoabastecimiento no estarán operativas en el corto plazo, lo que profundiza la dependencia de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL).
El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, alertó que esta prórroga tendrá un impacto directo en los hogares formoseños, al señalar que “aumentará sensiblemente el precio del gas envasado, que utilizan los consumidores en Formosa, ante la casi inexistente red de Gas NEA en nuestra jurisdicción”.
En una provincia donde miles de familias dependen de garrafas para cocinar y calefaccionarse, cualquier incremento en su precio golpea de lleno el poder adquisitivo y las condiciones de vida.
Según detalla el texto oficial del DNU 49/2026, las ampliaciones de los gasoductos que permitirían transportar gas desde Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo recién estarían en condiciones de operar durante el invierno de 2027. Esta limitación obliga al Estado a sostener la importación de gas para cubrir los picos de demanda residencial y de generación eléctrica durante los meses más fríos.
El decreto introduce además un cambio sustancial en la operatoria: el Estado nacional se retira de la importación directa de GNL y deja esa tarea en manos del sector privado. La Secretaría de Energía deberá convocar a un concurso competitivo para adjudicar el uso de la terminal regasificadora de Escobar —la única actualmente en funcionamiento— a un operador privado que se encargará de la importación y regasificación del gas.
Frente a la existencia de un monopolio natural, el Gobierno de Javier Milei fijó precios máximos para la venta del gas importado durante los inviernos de 2026 y 2027, calculados en base a referencias internacionales y costos logísticos, con el objetivo de evitar abusos de posición dominante. No obstante, desde la Defensoría del Pueblo de Formosa advierten que estos topes no garantizan que el aumento de costos no se traslade al precio final que pagan los usuarios más vulnerables.
El DNU también contempla un plan alternativo: si el proceso licitatorio fracasa, ENARSA deberá retomar la responsabilidad de asegurar el suministro de gas. Sin embargo, desde el organismo provincial remarcan que la prórroga de la emergencia confirma la ausencia de soluciones estructurales para provincias como Formosa, donde la falta de infraestructura gasífera consolida desigualdades territoriales y expone a la población a nuevos aumentos en un servicio esencial.
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