Referentes del transporte y la defensa del consumidor advirtieron sobre el deterioro crítico de las rutas nacionales y reclamaron que los impuestos específicos se destinen a obras urgentes para evitar más siniestros viales.
Los fondos recaudados a través de impuestos específicos deberían destinarse al mantenimiento y la reparación de rutas nacionales, advirtieron referentes del sector vial y del transporte, al alertar sobre el deterioro creciente de la red caminera en todo el país.
El defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, junto al gerente de la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda y protesorero de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, Mario Ramello, coincidieron en que la situación actual de las rutas alcanzó un punto “verdaderamente crítico”. En ese marco, definieron el escenario como una “emergencia nacional” que ya se refleja en un aumento de los siniestros viales.
Según señalaron, si bien el Gobierno nacional anunció la implementación de la Nueva Red Federal de Concesiones y la licitación de 9.100 kilómetros de corredores viales, esos procesos requieren plazos extensos y trámites administrativos que muchas rutas no pueden soportar. En consecuencia, advirtieron que el estado actual de la infraestructura demanda respuestas inmediatas.
Además, explicaron que el esquema planteado implica una privatización total y sin subsidios, en la que las empresas concesionarias asumirán el mantenimiento a cambio del cobro de peajes y la posibilidad de desarrollar negocios complementarios, como locales comerciales. Frente a este panorama, reclamaron medidas urgentes.
Por ese motivo, solicitaron al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y al secretario coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, que se aceleren soluciones paliativas. El pedido se fundamenta en reclamos diarios por rutas con baches profundos, ausencia de señalización, banquinas deterioradas y puentes en riesgo, en una red vial que describieron como obsoleta frente al volumen actual del transporte de cargas.
Desde la federación empresaria del transporte propusieron, además, que las obras de reparación se financien con parte de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. El sector del transporte figura como el principal aportante, ya que es el mayor consumidor de gasoil del país.
En ese sentido, precisaron que el consumo anual del sector ronda los 6.000 millones de litros, lo que equivale al 45% de los 14.000 millones de litros totales. De acuerdo con la normativa vigente, esos fondos deberían destinarse al Fideicomiso del Sistema Vial Integrado, creado para financiar obras viales.
En este contexto, Gialluca sostuvo que “se reiteró al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que informe y aclare sobre el uso de los fondos de impuestos a los combustibles, toda vez que el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, ha sido denunciado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) por incumplimiento de deberes de funcionario público y de las funciones administrativas a su cargo (artículos 248 y 249 del CP), al no transferir a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) los fondos recaudados conforme lo establece el Decreto 976/01 que modificó la Ley 23.966”.
Asimismo, remarcó que la Federación del Personal de Vialidad Nacional denunció al administrador general del organismo, Marcelo Jorge Campoy, “por los delitos de malversación de fondos públicos y desviar recursos destinados al mantenimiento de la red vial nacional, con el agravante de la subejecución de obras”.
Finalmente, alertó que el 60% de las rutas nacionales se encuentra en estado crítico y recordó que cada peso no invertido en mantenimiento obliga a gastar entre tres y cinco veces más en futuras obras de rehabilitación.
Con información de Agenfor
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