Uno de los aspectos más controvertidos se encuentra en el artículo tercero, que autoriza a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras este se encuentre en suelo paraguayo
El Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), firmado entre Paraguay y Estados Unidos, fue finalmente remitido al Congreso Nacional para su estudio y eventual aprobación. El convenio, suscrito el mes pasado por el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, generó un amplio debate político y social debido a las amplias prerrogativas que concede al personal militar estadounidense que opere en territorio paraguayo.
El acuerdo establece que los militares de Estados Unidos que ingresen al país en el marco de actividades de cooperación gozarán de exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de misiones diplomáticas, conforme a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Esto implica, entre otros aspectos, inmunidad jurisdiccional y beneficios fiscales especiales.
En su articulado, el documento autoriza al personal estadounidense a vestir uniforme y portar armas mientras cumpla funciones oficiales, siempre que cuente con la debida autorización. Además, se les concede el derecho de ingresar y retirar del país equipos, suministros, pertrechos y tecnología sin el pago de impuestos, tasas aduaneras ni procesos de nacionalización, lo que refuerza el carácter excepcional del régimen acordado.
El SOFA también habilita la libre circulación de aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos dentro del territorio paraguayo. Estos medios podrán entrar y salir del país con una notificación previa a las autoridades competentes, sin mayores restricciones. Asimismo, el personal estadounidense podrá ingresar y egresar utilizando únicamente documentación oficial de su país y órdenes de viaje individuales o colectivas
Otro punto relevante es el reconocimiento automático de licencias profesionales y permisos de conducir emitidos por autoridades estadounidenses, que serán aceptados como válidos en Paraguay sin necesidad de exámenes adicionales ni trámites locales. Esta disposición busca facilitar la prestación de servicios y la operatividad del personal extranjero durante su permanencia en el país.
Uno de los aspectos más controvertidos se encuentra en el artículo tercero, que autoriza a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras este se encuentre en suelo paraguayo. Esto significa que los eventuales delitos cometidos por militares estadounidenses no serían juzgados por la justicia paraguaya, sino por los tribunales de su país de origen.
El convenio también faculta al Departamento de Defensa de Estados Unidos a contratar libremente bienes, servicios, obras y suministros en Paraguay, sin restricciones respecto a la elección de proveedores o contratistas. Además, garantiza al personal estadounidense libertad de circulación y acceso a instalaciones, medios de transporte, almacenamiento y entrenamiento que sean acordados entre ambas partes.
En el plano regional, acuerdos similares ya han sido firmados por Estados Unidos con otros países, como Ecuador en 2023, donde el SOFA también despertó fuertes cuestionamientos. Ante las críticas, tanto el ministro de Defensa paraguayo, Óscar González, como el canciller Ramírez Lezcano aseguraron que el acuerdo no implica la instalación de una base militar estadounidense en Paraguay y que las actividades previstas se limitarán a tareas de entrenamiento y cooperación frente a desafíos comunes, como el crimen organizado y las amenazas transnacionales.
Ahora, el debate queda en manos del Congreso, donde el acuerdo será analizado en medio de un clima de controversia sobre soberanía, seguridad y política exterior
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