Un investigador de la CNEA cuestionó una nota sobre la planta de Dioxitek en Formosa, refutó afirmaciones técnicas y políticas, defendió el proyecto nuclear y señaló responsabilidades nacionales en su paralización, además de recordar fallos judiciales y audiencias públicas omitidas.
El físico Rolando Granada, profesor emérito del Instituto Balseiro e investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cuestionó con dureza una publicación reciente sobre la planta de la empresa Dioxitek en Formosa. Lo hizo a partir de un artículo firmado por Blas Hoyos, en el que se citan declaraciones del secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.
Granada consideró “indispensable” expresar su posición “por disentir con los mismos y en el entendimiento que se deben utilizar elementos técnicos básicos para el análisis”. Desde ese punto de partida, el especialista puso el foco tanto en el perfil del funcionario nacional como en el tratamiento del proyecto nuclear formoseño.
Críticas al funcionario y a la lectura del sector nuclear
En referencia a Ramos Nápoli, citado en la nota cuestionada, Granada afirmó que “es otro funcionario que arriba a un puesto clave a la cabeza de todo el sector nuclear argentino luego de colaborar en el sector de prensa de Karina Milei”. Además, recordó que “pasó luego algunos meses como gerente general y presidente de Dioxitek, donde básicamente se dedicó a reducir la planta de personal según las premisas del Gobierno nacional”.
Desde su experiencia en el ámbito nuclear, el físico expresó sorpresa ante esa designación: “Quienes conocemos desde adentro la situación de nuestro sector nuclear nos resulta sorprendente que tal persona esté al frente de toda la actividad nuclear argentina, con una historia riquísima de trabajo y logros en sus 75 años de existencia”.
Como ejemplo de ese desconocimiento, Granada citó declaraciones de Ramos Nápoli sobre la planta de Alta Córdoba. Según el funcionario, “a la fábrica de Alta Córdoba la encontró, destruida, sin equipamiento, desfinanciada, agregando que requirió mucho esfuerzo e inversión para su recuperación y que actualmente está plenamente operativa y que en el último año generó 190 toneladas de dióxido de uranio”.
Ante esa afirmación, el investigador replicó: “¿Así que la planta de Córdoba estaba destruida y en solamente seis meses de gestión la llevó a un máximo operativo récord? Absurdo”. En ese sentido, sostuvo que la declaración “refleja la inocencia, la ignorancia o la intención de no expresar la realidad de la situación”.
El proyecto Formosa y las causas de su paralización
Granada también respondió a la afirmación de Hoyos de que “el proyecto de Formosa es un ejemplo típico de la pobre gestión de proyectos que el sector nuclear argentino mostró hasta la fecha”. Al respecto, señaló que “esta cita de la entrevista demuestra la arrogante ignorancia del secretario de Asuntos Nucleares y a quien el señor Hoyos considera en cambio que por haber sido presidente de Dioxitek por algunos meses ‘posee un conocimiento acabado de si situación y su futuro’”.
En contraposición, el físico explicó que “la nueva planta de procesamiento de uranio de Formosa es un proyecto que avanzó hasta el desfinanciamiento a toda la actividad científica y tecnológica nacional durante el Gobierno de Mauricio Macri, y que se extendió por la incapacidad rampante del Gobierno de Alberto Fernández”. Según precisó, “la detención de la obra no fue fruto de un problema de su diseño o ingeniería, sino del flujo de fondos del Estado nacional”.
En cuanto a la supuesta “expulsión” de Dioxitek de Córdoba, Granada aclaró: “Luego de la rezonificación que hiciera esa ciudad, que implicó que varias plantas industriales situadas en la zona resignificada tuvieran que desplazarse, se buscaron lugares no muy alejados para la instalación de una nueva planta a fin de mantener la dotación de personal”.
Además, agregó que “en varios de los sitios interesantes, el lobby sojero impidió que CNEA radicase la nueva planta aduciendo cuestiones ambientales, cuando en realidad las napas de esas zonas estaban ya afectadas por productos químicos empleados por la agroindustria”.
Aspectos técnicos, ambientales y el fallo de la Corte
Granada también cuestionó afirmaciones técnicas del artículo. Sobre el diuranato de amonio, señaló que lo expuesto por Hoyos “es incorrecto”. Y detalló: “El yellow cake contiene entre un 80 y 90% de uranio, que luego es procesado químicamente para obtener el dióxido de uranio. Se necesita entonces entre 1.1 y 1.2 kilos de yellow cake para producir un kg de UO2”.
En ese marco, añadió que “si se quisiera obtener este dióxido enriquecido en 235U al 3.5% se necesitarían entre siete y diez veces más de yellow cake para obtener un kilo del dióxido enriquecido”. A su vez, aclaró que “la planta de procesamiento se optimiza para minimizar las pérdidas de uranio”, por lo que “expresar que el residuo es nuclear y altamente contaminante es otro absurdo”. Según indicó, “la planta de Formosa está diseñada para generar amoníaco solamente como resto del proceso”.
Por último, calificó de “tendencioso” que el autor de la nota “olvide mencionar que se realizaron audiencias públicas en Formosa, en el Galpón ‘C’, en julio de 2014”. También recordó que Hoyos “olvida mencionar que en noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló respecto a la denuncia que presentó”
En ese fallo, el máximo Tribunal señaló que “no se había demostrado un daño actual o inminente ni una afectación diferenciada”, además de destacar que “las tierras destinadas a la instalación de dicha planta eran originalmente de propiedad privada” y que “la actividad desarrollada por Dioxitek S.A. se enmarca en una política federal nuclear de interés público y estratégico”.
A modo de cierre, Granada subrayó que “la nueva planta de procesamiento de uranio de Formosa no es un proyecto provincial, sino que es parte de la obra pública nacional”. Y concluyó: “Su detención actual no es pues una estafa a los formoseños, sino una afrenta al federalismo en la asignación de recursos”. Con información de Agenfor
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