Especialistas del Atlantic Council realizaron un primer análisis tras la caída del régimen venezolano. El panorama más favorable, el intermedio y el futuro más sombrío
La captura de Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas sin intervención de organismos internacionales sacudió el tablero mundial. Tras su detención y traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y otros delitos, Washington anunció el inicio de una transición democrática bajo su supervisión. “Estados Unidos va a gobernar Venezuela hasta que se dé una transición segura y adecuada”, sorprendió Trump en conferencia de prensa. El operativo, según declaró el propio mandatario norteamericano, es “solo el inicio de un nuevo nivel de implicación directa de Washington en el país”.
Según Alex Plitsas, investigador en la Scowcroft Middle East Security Initiative y responsable del Proyecto de Contraterrorismo del Atlantic Council, “lo que ocurra a partir de ahora dependerá menos de los próximos pasos de Washington que de los cálculos de los principales actores del régimen: comandantes militares, jefes de inteligencia y aliados políticos, quienes se enfrentan a una elección ineludible: negociar una salida ordenada o arriesgarse a la aniquilación junto a un sistema en colapso”.
En el escenario más favorable, Plitsas observa que “la detención de Maduro podría catalizar la deserción de las élites. Ante la amenaza de procesos judiciales, sanciones y la pérdida de privilegios, los funcionarios del régimen podrían buscar garantías de salida segura, amnistía limitada o asilo en terceros países a cambio de transferir el poder a la oposición legítimamente electa”.
Una transición negociada de este tipo permitiría “evitar una escalada de violencia masiva, estabilizar las instituciones y abrir una vía, aunque estrecha, hacia la recuperación económica y la reintegración internacional”.
La segunda posibilidad es que Estados Unidos haya colaborado en secreto con sectores del propio régimen venezolano, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que asumirían el control político tras la captura del expresidente. Plitsas señala: “No puede descartarse que elementos internos del régimen hayan sido parte de la operación, con la mirada puesta en una sucesión pactada”.
El peor de los escenarios plantea un futuro sombrío. “Si los remanentes del régimen rechazan la negociación y se fragmentan, Venezuela podría descender en un conflicto guerrillero prolongado”, advirtió en el informe con los primeros análisis del think tank. En su visión, colectivos armados, unidades militares criminalizadas y facciones vinculadas al narcotráfico “podrían iniciar una guerra asimétrica, transformando regiones enteras en zonas en disputa y prolongando el sufrimiento civil mucho después de la caída formal del régimen”.
Para Plitsas, el destino de Venezuela se juega ahora en las decisiones de quienes aún ostentan el poder: “Están ante una encrucijada que definirá el futuro del país”.
El desafío de la seguridad es central para cualquier alternativa. Jason Marczak, también del Atlantic Council, advierte: “El reto es garantizar una transición democrática y segura frente a posibles resistencias internas”. Marczak subraya, además, que la liberación de los presos políticos debe ser prioritaria en la agenda de la transición.
En el plano internacional, la operación estadounidense fue percibida como un mensaje directo a potencias como China y Rusia. Para Alexander B. Gray, veterano funcionario estadounidense de seguridad nacional y política exterior y ex Subsecretario Asistente del Presidente y Jefe de Gabinete del Consejo de Seguridad Nacional, la salida de Maduro significa una reafirmación del “liderazgo estratégico estadounidense en el hemisferio”. Gray sostiene que “la exclusión de potencias extrahemisféricas de la nueva etapa será clave para el futuro de Caracas”, en línea con la renovada doctrina Monroe impulsada por la administración Trump. El propio presidente estadounidense advirtió a países como Colombia y Cuba sobre las consecuencias de desafiar a Washington.
En términos económicos, existen múltiples obstáculos para la recuperación. “El regreso de empresas estadounidenses solo será posible si se establecen condiciones confiables y se flexibilizan las sanciones”, explicó David Goldwyn, presidente del grupo de energía del Atlantic Council. Y agregó que persiste la incertidumbre sobre el control de los ingresos petroleros y la administración de instituciones clave como el Banco Central y el Ministerio de Economía y Petróleo
Las limitaciones de la gestión provisional y la falta de consenso social son evidentes. La académic Iria Puyosa, especializada en comunicación política con experiencia en el campo de la guerra de información en las redes sociales y los conflictos políticos en América Latina, afirmó que “el liderazgo opositor legítimo debe ser fortalecido para conducir una transición creíble”. El escepticismo es compartido por Geoff Ramsey, investigador del Centro Adrienne Arsht para América Latina, que resaltó: “La democracia solo podrá restablecerse con un plan que garantice elecciones libres y la liberación de todos los presos políticos”.
La intervención de Estados Unidos dejó de lado a los organismos multilaterales y a la justicia internacional, y también expuso sus deficiencias. “El fracaso del multilateralismo se mide en millones de exiliados y en la incapacidad para negociar una transición ordenada”, aseguró el abogado venezolano Nizar El Fakih. El experto señala que la represión, la fragmentación política y la crisis humanitaria han persistido ante la ausencia de respuestas eficaces de la diplomacia regional y los sistemas judiciales internacionales.
Tressa Guenov, directora de programas del Atlantic Council, remarca que “el éxito requerirá años de esfuerzos diplomáticos y económicos sostenidos”. Para ella, la resolución de la crisis venezolana será una prueba clave para la estrategia de seguridad nacional estadounidense y para evaluar su capacidad de estabilizar sociedades tras conflictos intensos.
Mientras tanto, la sociedad venezolana mantiene la expectativa de una transición que permita elecciones libres, la liberación de los presos políticos y condiciones para la recuperación económica y social bajo un horizonte democrático. “El objetivo central solo se alcanzará cuando la ciudadanía recupere de manera efectiva el derecho a elegir libremente a sus representantes”, concluyó Ramsey
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