
La Cámara Federal porteña convocó a una audiencia el próximo 21 de junio para escuchar argumentos de la defensa del detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, contra el tercer procesamiento dictado en su contra por la compra de un departamento en Recoleta puesto a nombre de testaferros.
A un año de su detención al ser sorprendido arrojando bolsos con nueve millones de dólares por encima de los muros de un monasterio en General Rodríguez, la sala II del Tribunal de Apelaciones analizará esta ampliación de procesamiento por enriquecimiento ilícito dictada por el juez federal Daniel Rafecas.
Una vez que haya un fallo al respecto, el juez estará en condiciones de dar por cerrada la investigación e iniciar los trámites para el envío a juicio oral de López -procesado por enriquecimiento ilícito al igual que su esposa María Amalia Díaz y otros acusados como supuestos testaferros del ex segundo del ex ministro de Planificación Julio De Vido.
Pero además, durante su detención López sumó procesamientos en otras causas penales como el dictado por el juez federal Julián Ercolini como supuesto integrante de una asociación ilícita junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y De Vido, entre otros, que favoreció de manera irregular con obra pública al también preso Lázaro Báez en Santa Cruz, un fallo que ahora está a estudio de la sala I de la Cámara Federal.
También fue procesado por defraudación en la causa conocida como «Sueños Compartidos» a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
En la investigación que lo llevó a la cárcel, la de enriquecimiento ilícito motorizada por el hallazgo de los bolsos con millones de dólares, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah deberán resolver si avalan la ampliación del procesamiento dictada por Rafecas a López, su esposa Diaz y a Marco Marconi y Carlos Giani, de la empresa «Marketing y Eventos» como supuestos testaferros a raíz de la compra de un departamento en avenida Las Heras 2032 en Recoleta.
Esta vivienda fue utilizada por la hija de la esposa de López y estaba a nombre de esa firma, aunque la Justicia dio por probado que en realidad la pagó López, embargado en la actualidad por 225 millones de pesos.
Los camaristas, sin embargo, podrían confirmar los procesamientos pero ordenar al juez profundizar en algunas líneas de investigación vinculadas al origen del dinero secuestrado a López en el monasterio y al usado para comprar las propiedades que le valieron otros dos procesamientos: el departamento de Recoleta y la casa donde él vivió en Dique Luján, explicaron a Télam fuentes judiciales.
La investigación contra López abarcó el hallazgo de los nueve millones de dólares, hoy bajo custodia judicial en una bóveda bancaria, la propiedad de la casa de Dique Luján en la que figuraba como inquilino y según la Justicia es suya, y del departamento de Recoleta.
La casa de Dique Luján que fue visitada en persona por el magistrado en busca de escondites de dinero, figuró a nombre de manera sucesiva de dos constructores, Eduardo Ramón Gutiérrez y Andrés Enrique Galera, también procesados como supuestos testaferros.
López está preso en la cárcel de Ezeiza y durante el año que lleva allí fue trasladado en repetidas ocasiones a los tribunales federales de Retiro para ser indagado en la causa por enriquecimiento ilícito pero también en otras investigaciones activadas en su contra luego de la detención en la madrugada del 14 de junio, cuando el vecino del monasterio Jesús Ojeda llamó al 911 asustado por la presencia en el lugar de un automóvil Meriva.
El conductor del vehículo había bajado con bolsos que arrojaba por encima de los muros del monasterio Nuestra Señora de Fátima además de haber dejado apoyada en el piso un arma de fuego.
En el monasterio vivían la madre superiora de 94 años y dos monjas de clausura.
Una de ellas, Celia Aparicio, está procesada en la causa por orden de la Cámara Federal que la consideró responsable por haber sido quien abrió la puerta del monasterio a López esa madrugada para ayudarlo a ingresar los bolsos.
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