La vicepresidenta firmó la rescisión de más de 2.000 contratos avalados por su antecesor, Amado Boudou, entre enero y noviembre del año pasado, lo que ascendería la nómina a más de 6.000 empleados.
“Vamos a ser consecuentes con lo que la gente votó. Si el Senado es la misma institución que dejó (el ex vicepresidente Julio) Cobos en 2011, no se puede justificar un aumento del número de salarios en un 150 por ciento”, explicó la titular del Senado.
En diálogo con la agencia Télam, Michetti destacó que el pase a planta permanente a 2.035 personas durante los últimos 10 meses del mandato de Boudou “es injustificable”.
“Está yendo contra la propia masa de trabajadores del Estado”, expresó Michetti.
En ese sentido, agregó que “no se puede justificar semejante aumento ya que el Senado mantiene el mismo número de senadores y las mismas funciones».
De acuerdo con los números que maneja la actual gestión de la Cámara alta, en 2011 había 3.800 empleados en el Senado mientras que a fines de 2015 ese número ascendía a 6.280.
“No se puede justificar semejante aumento ya que el Senado mantiene el mismo número de senadores y las mismas funciones»
“No vamos a dar marcha atrás. Pero los que sean trabajadores de verdad van a ser protegidos”, aclaró Michetti.
De acuerdo con el informe brindado por la vicepresidenta, el presupuesto del Senado pasó de 2.400 millones de pesos a fines de 2014 a 4.320 millones de pesos proyectado para 2016, sin contar con los aumentos paritarios.
La actual administración también evaluará la recategorización de 2.317 personas.
El decreto firmado por Michetti da de baja las 2.035 designaciones de Boudou decretadas a través de dos decretos firmados el 26 de enero, y un tercero del 3 de noviembre de 2015.
“Si hoy el Senado quisiera hacer frente al pago de sueldos, sin aumentos, tendría un déficit de 570 millones de pesos”, indicó Michetti.
La decisión de la vicepresidenta se complementa con la creación de una comisión revisora especial integrada por el Prosecretario Administrativo, el ex senador peronista Mario Daniele; por el director general de Recursos Humanos, Pablo Casals; y por el subdirector general de Administración, Diego Lacu.
Esa comisión, en un plazo de 120 días y con participación de los gremios de trabajadores legislativos, revisará la totalidad de los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones dispuestas de Boudou.
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