Reforma laboral: el Gobierno analiza un posible blanqueo de trabajadores a costo cero
Es una de las propuestas que se estudian en el grupo que elabora la iniciativa del Gobierno. La empresa que regularice empleados quedaría liberada de multas y deudas. No habría tope a indemnizaciones.
En el Ministerio de Capital Humano, un equipo de funcionarios y asesores trabaja contra reloj en una propuesta de reforma laboral que se presentaría en sesiones extraordinarias del Congreso. De ese paquete de medidas se especula con diferentes propuestas, como es el salario dinámico o modificación de jornadas laborales. Una que ha quedado descartado de plano es el tope a las indemnizaciones, según supo Ámbito. Sí se estudia la posibilidad de incluir un blanqueo de trabajadores a costo cero.
Hace unos días circuló el rumor de que se le buscaría poner un techo. Pero en ninguno de los borradores que están en los escritorios de los funcionario en este momento hay algo como eso.
El objetivo declarado por los libertarios para la reforma es que se genere nuevo empleo y que se legalicen las relaciones laborales irregulares. En se caso, los expertos tienen entre las diferentes alternativas un ambicioso plan de blanqueo de trabajadores.
En la historia argentina ha habido “blanqueos” previos para beneficiar a las empresas, que por un período determinado tenían la ventaja de contratar con menores cargas patronales. Pero la crítica es que se obtienen resultados limitados, porque terminado el plazo el contratante tiene que enfrentar el 100% de los costos.
La reforma laboral y un posible blanqueo a costo cero
“El traspaso de trabajadores en negro a blanco tiene que ser gratis, porque de otro modo las pequeñas y medianas empresas no se van a sumar”, asegura frente a ello el abogado laboralista Julián de Diego, que forma parte de los equipos que están asesorando al Ministerio de Capital Humano y al secretario de Trabajo, Julio Cordero.
No está definido si el blanqueo será gratis. Pero desde el punto de vista de lo que quisiera lograr el Gobierno de Javier Milei luce como lo más lógico que sea a costo cero.
Que “salga gratis” implica que el empresario quedaría liberado de pagar las contribuciones patronales y los aportes jubilatorios, más las multas e intereses por lo que no pagó hasta ahora. Es cierto que para una pyme no tendría mayor sentido afrontar ese costo aunque sea en cuotas con algún generoso descuento
“La gratuidad está relacionada con pasar del negro al blanco condonando el pasado y con aportes y contribuciones cero”, dijo De Diego a Ámbito.
Pero por otro lado, para que el potencial empleador tenga incentivos a contratar un nuevo trabajador necesita que su costo sea inferior a lo que abona ahora, y que eso sea permanente.
El costo laboral argentino, entre los más caros de la región
La mayor empresa fabricante de acero del país, Techint, calculó en diciembre del año pasado que los costos de mano de obra en la Argentina son 60% más caros que en Brasil. Se trata de un comparativo de lo que abona el grupo en cada uno de los países donde tiene plantas industriales. El costo de la mano de obra era de u$s16,5 cada hora hombre en Argentina, mientras que en México era de u$s12,5, en Brasil de u$s10,3, y en Colombia de u$s4,5.
De manera tal que el Gobierno evalúa si recorta los costos de tener un empleado en blanco en Argentina y si perdona a los empleadores que tienen parte de sus planteles en negro. No es sencillo definir un perdón, porque implicaría reconocer un gasto para el Estado. Por caso, un empleado con 20 años en una empresa ¿tendrá reconocimiento de su antigüedad cuando se calcule el haber que cobrará cuando se jubile? Si es así, y la empresa no paga, entonces sería un costo mayor para el fisco.
No obstante, la situación de ese empleado hoy sería peor si se jubilara con una Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM). De otro modo, tendría que iniciar un juicio a su empresa.
Los años 90, Cavallo y la «flexibilización laboral»
Hay que recordar que la última vez que se llevaron a cabo políticas laborales de reducción de “impuestos al trabajo” fue durante el gobierno de Carlos Menem y el desempleo no bajó de los dos dígitos. Domingo Cavallo, el ministro de Economía de entonces, recuerda en su blog personal: “Cuando en los 90 se reimplantó la reducción de aportes patronales (luego de que el FMI nos obligara a derogar la reducción y la tasa de desocupación saltara al 18,5 % de la población activa) la tasa de desocupación comenzó a bajar hasta el 12,5%. Y esta baja se explica, precisamente por la reducción de aportes patronales combinada con las medidas de flexibilización laboral que impulsó el ministro Armando Caro Figueroa”. Eran tiempos de dólar barato.
Politiké analizó algunos aspectos del proyecto de ley del Gobierno nacional, denominado “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, el cual busca introducir una profunda “modernización laboral”, realizando cambios claves en la LCT 20.744 y en la Ley de Trabajo Agrario (N° 26.727). Es así que desde la consultora explicaron que la legislación laboral argentina actual se rige por el Principio Protectorio, que incluye la regla del in dubio pro operario (en caso de duda, se resuelve a favor del trabajador) y el Principio de Irrenunciabilidad (los derechos mínimos son inderogables).
Este proyecto introduce modificaciones que socavan estos principios, trasladando riesgos y costos hacia el trabajador y reduciendo el costo laboral para el empleador, especialmente en el ámbito previsional e indemnizatorio, marcaron.
Asimismo, puntualizaron que la reforma implica un riesgo sistémico para los derechos laborales, concentrado en tres aspectos principales. Primero, el riesgo de “salario gris”, ya que la ampliación de ítems no remunerativos (como beneficios en medicina o tecnología) disminuye las contribuciones sociales y, por ende, el salario computable para la jubilación y la indemnización por despido. Segundo, el riesgo de desprotección judicial, dado que el tope a los intereses y el pago en cuotas de sentencias laborales desvalorizan los créditos y debilitan la función reparadora de la justicia. Por último, el riesgo de pérdida de calidad de vida laboral, a través del banco de horas que flexibiliza la jornada y otorga mayor discrecionalidad a las empresas sobre el tiempo del trabajador.
En conjunto, el proyecto configura un escenario que favorece la reducción de costos empresariales a costa
de la estabilidad, el descanso y la seguridad económica de los trabajadores, debilitando los mecanismos históricos de protección que equilibraban la relación entre capital y trabajo en Argentina, subrayaron.
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