El peronismo también va por la reforma de la ley de DNU, para quitarle al gobierno la chance de abusar con ese instrumento.
José Mayans ya convocó a reunión de interbloque para el próximo miércoles, con el propósito de llevar al recinto del Senado al día siguiente el rechazo al veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad. «Piden súper asistencia para llegar a los dos tercios», dijo una senadora a LPO.
El formoseño planeaba también impulsar el tratamiento del proyecto de reforma de la ley 26122, conocida como la ley de DNU. El objetivo sería quitarle a Milei la herramienta para gobernar vía decreto ante la creciente debilidad parlamentaria, fruto del desmanejo político de los primos Martín y Lule Menem y el inevitable efecto del escándalo de las coimas en la Andis.
Para eso, los opositores firmaron el dictamen de modificación a esa norma durante la última sesión, cuando sancionaron el incremento presupuestario para las universidades y el Garrahan.
La voluntad del peronismo parecía tan arrolladora ese día que los libertarios temieron que pretendieran imponer su tratamiento sobre tablas, hasta que los integrantes de UP prefirieron ir paso a paso para no perder el acompañamiento del radicalismo y otros ex aliados de la Casa Rosada.
La ley de DNU rige desde 2006 y es una iniciativa empujada por Cristina Kirchner. Permite que un DNU rija hasta que lo rechacen dos cámaras, lo que ocurre precisamente con el DNU 70/23 de Milei y Federico Sturzenegger.
El cambio que trabaja la oposición es que vuelva a su funcionamiento original: basta con la impugnación de una de las dos cámaras para que caiga el decreto pero, además, elimina la sanción ficta, es decir, la validez del instrumento presidencial si el Congreso nunca lo trata. Para eso, establece un plazo de 90 días para su discusión, aprobación o rechazo.
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