Agustina acaba de llegar de la escuela. Es alta, tiene cara de muñeca y el andar cansino de las adolescentes. Antes de sentarse a la mesa, cuenta al pasar, como quitándole importancia, que esa tarde le habían tomado una prueba sorpresa de Sociales y que había sacado un 8. Con 12 años, es la mayor de tres hermanos. Nicanor, de 10, y Pilar, de 8, llegarán minutos después, con el uniforme de primaria y arrastrando mochilas. Es casi la hora de la merienda, ese momento del día en el que se sirve leche con galletitas.
La escena podría ser la de cualquier familia. Pero Agustina, Nicanor y Pilar solo se tienen entre ellos. Desde hace seis años, pasan sus días en hogares de niños del partido bonaerense de San Martín. A La Casita de Manos Abiertas, donde están ahora, llegaron en octubre de 2020 y esperan algo que después de tanto tiempo ya tiene gusto a imposible: que alguien quiera adoptarlos.
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Con 12 años, Agustina está en plena transición hacia la adolescencia y su sueño mayor es tener una familia
Hace dos viernes, Martina, una nena de 5 años, se fue en guarda preadoptiva con una mujer a la que hoy llama mamá. Cada vez que eso pasa, el aire entre los 11 chicos que comparten el hogar se enrarece. “¿Por qué a Martina, que llegó después, le encontraron una mamá y a mí y a mis hermanos no nos elige nadie?”, le preguntó Pilar a Ángeles Young, que es abogada y parte del equipo directivo de La Casita.
A Ángeles las palabras le quedan atoradas. “¿Le puedo explicar ‘no es que no te quieren a vos, es que el juzgado que te tocó no te busca una familia’? Su caso es un expediente más en un juzgado que tienen divorcios, sucesiones… de todo. Lo que me sorprende es que no sea una prioridad. No hay conciencia de que cada día que pasa es una herida más para ese niño”, suelta la abogada.
Esta historia no es solo la de Agustina, Pilar y Nicanor (sus nombres fueron cambiados para preservar su identidad) ni la de un juzgado en particular. Es también la de muchos otros chicos y chicas que, luego de que el Estado toma una medida de protección excepcional y son llevados a un hogar por sufrir vulneraciones de derechos y violencias, pasan años institucionalizados hasta que son adoptados o pueden volver con su familia de origen, si se revierten las circunstancias que provocaron la separación.
A Agustina le interesa aprender japonés y usa una aplicación para traducir palabras
Por ley, las medidas de protección deberían durar 180 días, pero en la práctica se extienden durante años. El único dato oficial figura en un informe de Unicef y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de 2022: la mayoría de las jurisdicciones del país (el 83%) señalaron que el plazo de permanencia más frecuente de los chicos alojados en dispositivos de cuidado supera lo que marca la ley.
La decena de hogares con los que habló LA NACION son más específicos: refieren un promedio “de tres años”. Y cuentan que tienen al menos un niño que lleva cuatro años o más institucionalizado. Muchos hacen énfasis en juzgados que no priorizan a los chicos o están “atiborrados de trabajo”. Otros apuntan a un sistema con actores (servicios de protección de derechos, defensorías, etcétera) que, lejos de encarar la tarea de forma aceitada, parecen complotados en alimentar la burocracia. Además, denuncian la dificultad de acceder a un abogado del niño, figura clave para representar su voz y exigir que se cumplan los tiempos establecidos.
Agustina, Nicanor y Pilar son tres de los 9062 chicos que viven en los 605 hogares del país, según el último censo. Varias instituciones de San Martín comparten “pésimas experiencias” con el mismo juzgado que lleva la causa de los hermanitos, el de Familia N°3. Piden no ser nombrados por miedo a perjudicar a los chicos. En La Casita, en cambio, sienten que no tienen más para perder y por eso decidieron dar esta nota: “La infancia de estos niños no se recupera”, resume Ángeles.
Ellos tuvieron dos casos más de niños cuyos expedientes llevaba el juzgado N°3 y que estuvieron más de cuatro años institucionalizados. Uno fue el de Pía, cuya historia fue reflejada en LA NACION. El otro involucraba a tres hermanos. “Nos enteramos de que la adopción no salía porque uno de ellos había nacido en Paraguay y no tenía la partida de nacimiento. Fue una voluntaria del hogar la que viajó a ese país para conseguirla”, describe Ángeles. Y remata: “Los nenes que más tiempo están en el hogar son del juzgado N° 3: un promedio de cuatro años”. Cuatro años son cuatro Navidades. Cuatro primeros días de clase. Cuatro cumpleaños. Una eternidad para los tiempos subjetivos de un niño.
“Tenemos varios casos trabados”
En otros municipios se suman los hogares que sufren “la lucha diaria” con los juzgados. “Tengo trabados varios casos que no van ni para atrás ni para adelante”, dice, con la voz rota, la directora de una institución de Almirante Brown. Y explica: “Los servicios locales de protección, que dependen de los municipios y son los que intervienen en los primeros 180 días de la medida de abrigo, tienen poco personal y están saturados de trabajo”.
Esos servicios están integrados por psicólogos y trabajadores sociales pero, según los entrevistados, no suelen tener la experiencia necesaria, trabajan de forma “muy precarizada” y, por ende, la rotación es enorme. “¿Cómo puede ser que en algunos juzgados los casos vayan rápido y en otros no? Tenemos una cadena de oración para que los pibes caigan en uno que trabaje bien”, expresa la directora.
Los referentes coinciden en que los tiempos de la ley no pueden acortarse más: la última reforma del Código Civil y Comercial, de 2015, agilizó el proceso de las adopciones. “Además están los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicen que en casos de guarda, custodia o adopción los plazos deben ser excepcionalmente breves”, explica Marisa Graham, defensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Para entender la complejidad del entramado es necesario remontarse al comienzo. Cuando se detecta que una niña, niño o adolescente sufre algún tipo de violencia en su familia, interviene el órgano de protección local, que es el que determina la medida excepcional o de abrigo, el término legal para nombrar la decisión de apartarlos de su familia. Ese órgano tiene 24 horas para comunicar la medida al juez. Esa medida de protección no debería superar los 180 días.
Graham considera que el problema más grande es cuando no se trabaja con una estrategia: “El equipo que toma esa decisión debe tener un plan para ese nene o nena desde el primer momento. Pero eso no suele ocurrir”. La defensora reconoce que en los últimos años mejoró la articulación entre el servicio social y el judicial, pero “a veces este último no confía en lo trabajado por el primero y empieza de cero”.
En ese sentido, Ana Ávarez, directora del hogar María Luisa, de Villa Ballester, San Martín, advierte: “Vemos celos profesionales. Desde los juzgados me han llegado a decir: ‘Tenemos mucha más responsabilidad que ustedes’. A nosotros, que estamos todos los días con los chicos”. Y agrega: “Además de funcionar mejor como sistema, se necesitan capacitaciones y protocolos para colaborar entre los actores”.
“Señora jueza. Quiero una familia YA”
Hace unos meses, Pilar le escribió una carta a la jueza que desde el 14 de febrero de 2022 está a cargo del Juzgado N°3 de San Martín: Graciela Garcete. En el medio, dibujó una flor que ocupa casi toda la hoja. Sobre el costado izquierdo, el mensaje es breve: “Señora jueza. Quiero una familia YAAAAAAAAAA”.
Ese juzgado es uno de los seis de familia que hay en San Martín. Tres están vacantes. Por eso, semana de por medio, Garcete también se hace cargo de otro tribunal. “Que no se cubran las vacantes perjudica el buen devenir de las causas”, enfatiza la magistrada. En el N°3 tienen 30.000 expedientes en trámite y el porcentaje más alto se vincula con violencias de género. Garcete detalla que tienen 35 niñas y niños institucionalizados. “Desde que estoy en el juzgado, 17 niños iniciaron procesos adoptivos. Tratamos de que las medidas de abrigo no superen el año y medio, pero todo tiene sus matices”, asegura.
−¿Por qué se extienden más de 180 días?
−Por la falta de recursos de los servicios locales cuando tienen que trabajar con la familia. Se necesitan espacios terapéuticos, talleres de crianza… Una vez que terminó el trabajo del servicio, los casos llegan acá y tenemos familias que nos dicen: ‘No se pudo trabajar con el servicio local’. Entonces, tenemos que analizar con el equipo técnico qué pasó y eso lleva tiempo. Otra situación que afecta es la carga de datos en el sistema. Parece una tontería, pero mirando la cantidad de causas en trámite y las urgencias diarias, el personal es insuficiente.
El equipo técnico del juzgado está conformado por tres psicólogas, un psiquiatra (con licencia médica desde agosto) y dos trabajadores sociales. Garcete reconoce que necesitan más profesionales, “no solo en los juzgados sino en los servicios locales”.
−¿Por qué en el caso de Agustina, Nicanor y Pilar los tiempos se prolongaron tanto?
−Hago un mea culpa de qué puede haber pasado. Es un caso complejo. Hubo mucho trabajo previo con la familia de origen, antes y después de la declaración de adoptabilidad, porque fueron resoluciones apeladas. Antes de que yo llegara al juzgado había una corriente según la cual hasta que la sentencia de adoptabilidad no volviera confirmada de la Cámara no se buscaba familia. Pero la apelación tiene un efecto que se llama devolutivo que me permite seguir con la búsqueda y decirle a los postulantes a guarda: ‘Miren que la sentencia está apelada y no sé cómo va a resolver la Cámara’.
Para Ángeles, “las fechas hablan por sí solas”. En septiembre de 2017, los hermanitos, que tenían 6, 4 y 2 años, ingresaron por primera vez a un hogar. El servicio de protección tomó esa decisión después de varias denuncias por hechos aberrantes de violencia sufridos por ellos y otros de sus hermanos, dos de los cuales fallecieron. El informe era contundente: si los chicos no eran apartados de su familia, corrían “riesgo de vida”.
Un año después, en diciembre de 2018, el servicio local le solicitó al juzgado N°3 que dicte la sentencia de adoptabilidad. Consideraba que estaba agotada la instancia familiar y Agustina decía que no quería volver con sus padres. Para declarar la adoptabilidad, el juzgado se tomó otro año: la definió en noviembre de 2019. Pero la sentencia fue apelada por los progenitores y el expediente se elevó a la Cámara Nacional de Apelaciones. “Según nos informaron, se declaró desierto el recurso por falta de fundamentación y la sentencia quedó firme el 3 de agosto del 2021. El expediente estuvo casi dos años en la Cámara sin nada que resolver, ya que la apelación no había sido fundada”, explica Ángeles.
Durante todo ese tiempo, los chicos tuvieron solo un encuentro virtual con los integrantes de la Cámara, que les preguntaron si querían tener una familia nueva. “Sí, ya les dijimos que sí”, respondieron.
El expediente volvió a primera instancia y en junio de 2022, a más de un año de estar firme la sentencia, llegó una resolución del Juzgado N°3 informando que los niños comenzarían a vincularse con una pareja que quería adoptarlos. La ilusión se desvaneció. La pareja, que no tenía disponibilidad adoptiva para tres niños, se echó para atrás. Otra vez, el latigazo del abandono.
El año pasado el hogar informó al juzgado que los hermanitos pedían otra cosa: un proyecto de adopción por separado, que les permitiese ir a cada uno con una familia distinta, pero manteniendo el vínculo.
Una de las respuestas frecuentes que les da el juzgado es que desde la red federal de registros de postulantes a guarda adoptiva no les envían legajos de personas dispuestas a adoptar a los niños. Los hogares coinciden en que esa es una “excusa” frecuente: “Los legajos están informatizados y no son tantos”, plantean.
Agustina, Pilar y Nicanor pueden ser adoptados por familias distintas, pero manteniendo el vínculo entre ellos
En todo el país, hay 1874 mujeres, hombres y parejas anotadas para adoptar: el 85% están dispuestas a recibir a pequeños de hasta 3 años y menos del 5% adoptarían a chicos de 11 para arriba. Por otro lado, el 98% de los inscriptos aceptarían solo hasta dos hermanos.
Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, se indigna: “Un juez no puede excusarse diciendo que no le entregan legajos. Lo que siempre hubo es desidia, falta de interés, empatía y responsabilidad. Si un organismo público se demora, tenemos herramientas para hacer cumplir la ley, ya sea bajo apercibimiento de imposición de una multa o de pasar las actuaciones al fuero penal”.
Claudia Portillo, directora del Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción bonaerense, explica que, por ley, tienen 24 horas para responder a los pedidos de los jueces para que les envíen listados de postulantes. Cuando la búsqueda no da resultado, se amplía a los registros de todo el país. “En ese caso, siempre les decimos a los juzgados que nos avisen rápido si quieren una convocatoria pública”, cuenta Portillo.
Las convocatorias públicas son un llamado abierto a toda la comunidad que se propone encontrar una familia para los chicos que tienen menos oportunidades porque tienen más de 8 años, porque son varios hermanos o porque tienen alguna discapacidad o problemática de salud.
Varios hogares se quejan de la demora de los juzgados en sacar las convocatorias. Fabiana Isa, psicóloga y especialista en adopción, explica: “Hay muchos jueces que les temen a las convocatorias y otros que ni siquiera saben que pueden recurrir a ellas. Eso es lo más triste. Las convocatorias han demostrado ser exitosas”. En el caso de Agustina, Nicanor y Pilar, desde septiembre del año pasado el hogar le pide al juzgado que lance una convocatoria.
Durante el proceso judicial, los 3 hermanos no tuvieron un abogado que los representara. Facundo Hernández, defensor nacional adjunto de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, describe que el abogado del niño es una figura creada por ley en 2005 destinada a representar los intereses de los chicos durante los procesos judiciales, pero que en la práctica, muchísimas veces no se implementa. Un relevamiento de la Defensoría y Unicef expone que “en la mayoría de las jurisdicciones no hay servicios de provisión de abogado del niño”.
A la espera del día feliz
Pilar imagina cómo se va a presentar cuando llegue la familia que espera: le contó a Josefina, una voluntaria del hogar, que tiene guardada ropa nueva para ese día soñado.
El 10 de abril de este año, el hogar pidió la intervención de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación por este caso. En el escrito, manifestaron que la demora “vulnera todos los derechos de los niños”.
Desde La Casita cuentan que la jueza vio a los hermanitos solo en dos oportunidades. “¿Así es como se garantiza su derecho a ser oídos?”, pregunta, con ironía, Ángeles. Y cuenta: “Esta semana ratificamos el pedido de los chicos de ser adoptados por separado. Buscamos que nuestras acciones queden registradas en el expediente por si el día de mañana ellos lo quieren ver”. De esa forma, cuando revisen su historia, los hermanos sabrán que desde el hogar se hizo todo lo posible para garantizar su derecho a vivir en una familia.
Fuente: La Nación/ Texto de María Ayuso // Fotos: Santiago Filipuzzi
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