Este jueves, el presidente Alberto Fernández, encabezó la reunión de gobernadores en Casa Rosada, del que participó el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, donde analizaron el fallo de la Corte Suprema que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y emitieron un documento dando respuesta a la decisión judicial.
En ese marco, se decidió que el gobierno nacional no acatará el fallo de la Corte Suprema, que restituyó fondos de coparticipación a la CABA por considerar que «es de imposible cumplimiento» y «tiene una mirada unitaria» de Argentina.
El documento elaborado sostiene que, en la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.
Ante ese panorama, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un “fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento” donde “sin fundar el modo por el cual construye dicho monto”, establece aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.
La sentencia, sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas, lo que los mandatarios consideraron “completamente falso” ya que “esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.
“En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”, resalta el escrito.
Y agrega: “Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”.
Ante lo expuesto, se comunicó que presidente de la Nación decidió “instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a “recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”.
Por su parte, los gobernadores presentes que corresponden a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, se vieron afectadas en forma directa por la “arbitraria decisión” adoptada por la CSJN, por lo que “instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación ‘in extremis’ de la misma”.
De esta manera, firmaron al pie de la letra el presidente de la Nación, Alberto Fernández; y los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raul Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
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