El ministro diferenció esta forma de entrar al territorio del ingreso ordenado y administrado, justificando así los costos que deben afrontar quienes recurrieron a la Justicia.
El ministro de Gobierno, Jorge González, reconoció y ratificó el cobro de los hisopados y la estadía en hoteles a las personas que deben ingresar a la provincia por fallos favorables de la Justicia Federal a los habeas corpus presentados. Lo justificó diciendo que este es otro sistema de ingreso, diferente del ordenado y administrado que aplica la Provincia.
La Mañana consultó a la Mesa COVID-19 respecto de la situación de las personas varadas que obtuvieron una sentencia judicial favorable de ingreso pero que no tienen el dinero para pagar una estadía en un hotel, que les costaría –en el más barato- unos $ 35.000 por persona.
“En primer lugar, sería bueno poder calificar qué decimos cuando hablamos de varados. ¿Qué interpretan ustedes cuando hablamos de varados?”, preguntó el ministro. “Si vamos a lo que dice el diccionario de la Real Academia, es otro el sentido de esta palabrita”, agregó (según el diccionario de la RAE, una de las acepciones del término “varado” es aquella persona que “no tiene recursos económicos”; así también, una de las acepciones de “varar” es quedarse “detenido en un lugar por circunstancias imprevistas”).
Seguidamente, el funcionario diferenció al sistema del Gobierno de la provincia para el retorno de los formoseños del “ingreso desordenado y judicializado”, como calificó a los fallos del juez federal subrogante Fernando Carbajal, al que mencionó como “administrador”. Así, todos los que salgan beneficiados con las resoluciones del juez deberán afrontar los gastos de dos hisopados ($ 10 mil) y la estadía en los hoteles (entre $ 35 mil y más de $ 80 mil).
Ante otra consulta periodística, reconoció que esto no se aplicó antes, a los primeros que ingresaron por vía judicial, porque la nueva medida responde al dinamismo del proceso de la política sanitaria.
Tras explicar el funcionamiento de la organización de la República entre el Estado nacional y las provincias, y la división de los tres Poderes, dijo que Formosa no cedió a Nación el manejo de su política sanitaria y que es el Poder Ejecutivo el que la lleva adelante, no el Judicial.
“Hay dos sistemas: el ingreso ordenado y administrado y ahora se ha generado un sistema paralelo, por fuera, ‘desordenado y judicializado’, cuyo administrador es el juez federal subrogante Fernando Carbajal, porque no ha dicho en ningún momento ‘el que tienen ustedes es inconstitucional’. Lo que dijo en el diario (La Mañana) es falso, porque (el juez) dice: ‘Tenemos que ajustarnos a las pautas’. Y yo le preguntaría: ¿Qué pautas?”. Como decía la nota, cabe aclarar que las palabras del juez a las que aludió el ministro de Gobierno fueron pronunciadas en la audiencia judicial del martes de la que participó la fiscal de Estado de la Provincia, Stella Maris Zabala, y no en el marco de declaraciones a la prensa.
Continuó diciendo que si las pautas normativas del ingreso ordenado y administrado, “propio de las facultades exclusivas del Estado provincial”, estuvieran mal, “los resultados (epidemiológicos) no serían los que tenemos”.
Siempre refiriéndose a Carbajal, reiteró que “generó un sistema paralelo”, ordenando el ingreso de personas que “ni siquiera estaban inscriptas”, es decir que no pidieron el permiso para volver.
Agregó entonces que lo que se genere por el “sistema” judicial, “es responsabilidad de él”, denunciando que “cambia de criterio en cada audiencia”.
“Propio del realismo mágico”
Agregó que el “sistema” judicial, que “es propio del realismo mágico” (“si uno lee esto parecería ser que es de un Juzgado de Macondo”, sostuvo haciendo alusión a la obra literaria de García Márquez), establece ingresos y que el Consejo COVID-19 “ha dado cumplimiento a la orden judicial sin perjuicio de haber recurrido los fallos”.
“Entonces se le dice a la persona: ‘Usted tiene estas opciones, estas posibilidades’. Y si al juez no le gusta, ya que es el administrador del sistema, que dicte una sentencia en la cual nos diga por qué estamos actuando mal. Porque en los medios de comunicación, este ministro está en el llano, pero un juez debe hablar con sus sentencias”, expresó González.
A continuación, señaló que hace tiempo se viene consultando al Gobierno por qué no habilitaba hoteles, sugiriendo que ahora que están habilitados, genera voces en contra.
Finalmente, dijo que el Gobierno envía la notificación con los requisitos y que “algunas personas no lo aceptaron, otras se enojaron; la inmensa mayoría nos retó, pero nosotros cumplimos con lo que nos ordena la Justicia (fijar fecha para el ingreso)”.
Fuente: La Mañana.
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