La Cámara de Diputados de Formosa desarrolló este jueves por la tarde una sesión en la que se trataron, entre otros temas, el Presupuesto provincial 2027 y dos designaciones para cargos relevantes del Poder Judicial. El debate estuvo marcado por fuertes cuestionamientos de los bloques opositores, que rechazaron tanto el proyecto presupuestario como la metodología utilizada para aprobar los nombramientos.
Uno de los principales puntos del temario fue el tratamiento del presupuesto del Poder Legislativo para el ejercicio 2027, que contempla un total de $48.138.279.296. El diputado justicialista Sinforiano López, como miembro informante, explicó la distribución de los recursos y sostuvo que se trata de una previsión austera para el funcionamiento de la Cámara.
Según detalló, el presupuesto contempla partidas destinadas a gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias. En ese marco, indicó que el cálculo incluye una planta permanente de 500 empleados y una planta temporaria de 1.350 trabajadores, además de los 30 diputados y las autoridades administrativas y legislativas de la Cámara.
El legislador señaló que la estructura prevista no representa un movimiento significativo respecto del ejercicio anterior y defendió la distribución de los recursos en función de las necesidades de funcionamiento del Poder Legislativo.
La oposición cuestionó el gasto en personal
Desde la Unión Cívica Radical, el diputado Miguel Montoya manifestó su rechazo al proyecto y puso el foco en la composición del presupuesto, particularmente en los recursos destinados al pago de salarios.
El legislador señaló que, de los más de $48.138 millones previstos, alrededor de $45.500 millones corresponden a gastos de personal, lo que representa aproximadamente el 95% del presupuesto analizado.
Montoya también cuestionó la falta de información detallada sobre la distribución de los cargos dentro de la estructura legislativa. En ese sentido, planteó interrogantes acerca de quién administra esos puestos, cuáles son los criterios utilizados para su asignación y cómo se distribuyen los recursos públicos destinados al funcionamiento del cuerpo.
Asimismo, sostuvo que el tratamiento de este tipo de iniciativas sin el tiempo suficiente impide profundizar el análisis y formular las preguntas necesarias. Aclaró que sus cuestionamientos no estaban dirigidos a los recursos personales de los diputados, sino a la administración de los cargos y fondos públicos de la Legislatura.
El proyecto fue rechazado por los legisladores de la oposición.
Designaron a Pedro Schaffer como Defensor General
Otro de los asuntos centrales de la sesión fue la designación del doctor Pedro Gustavo Schaffer como defensor general del Ministerio Público, propuesta que fue impulsada por el Poder Ejecutivo y contó con el acompañamiento del oficialismo.
El nombramiento generó cuestionamientos de los bloques opositores, principalmente por la modalidad de tratamiento sobre tablas, sin un debate previo en comisión.
El diputado Miguel Montoya sostuvo que se trata de un cargo de gran importancia dentro del nuevo esquema institucional de la Justicia provincial y consideró que el procedimiento utilizado le resta jerarquía a la designación.
Si bien manifestó conocer personalmente a Schaffer y no tener objeciones sobre sus condiciones profesionales, jurídicas y personales, cuestionó que la Legislatura se haya limitado a tomar conocimiento de la propuesta durante la sesión, sin contar con instancias previas de análisis.
«El tratamiento que le dan degrada la función», expresó, y reclamó que las designaciones de esta relevancia sean discutidas en comisión, con tiempo suficiente para evaluar los antecedentes de los postulantes.
En la misma línea se pronunció la diputada Emilia Maciel, quien señaló que conoce profesionalmente a Schaffer, con quien realizó una especialización, y aseguró que no tenía dudas sobre su formación y antecedentes.
Sin embargo, cuestionó que el nombramiento se haya aprobado sin un tratamiento previo en comisión y sin una audiencia pública que permitiera analizar la propuesta. También expresó su preocupación por la falta de institucionalidad en el procedimiento y pidió que futuras designaciones cuenten con mayores instancias de participación legislativa.
Cuestionamientos por la designación de Gisel Insfrán
La sesión también tuvo como uno de sus puntos más controvertidos la designación de la doctora Gisel Mabel Insfrán como ministra del Superior Tribunal de Justicia de Formosa.
La propuesta, también remitida por el Poder Ejecutivo, generó un fuerte rechazo de los legisladores opositores, que cuestionaron tanto el tratamiento sobre tablas como el vínculo familiar de la postulante con el gobernador Gildo Insfrán.
La diputada radical Agostina Villaggi expresó duras críticas y consideró que la designación representa un nuevo retroceso para la independencia del Poder Judicial provincial.
La legisladora aclaró que sus cuestionamientos no estaban relacionados con la capacidad profesional de Insfrán, sino con su parentesco con el mandatario provincial. En ese sentido, sostuvo que la designación evidencia, a su entender, la intención del Gobierno de mantener influencia sobre el funcionamiento de la Justicia.
«Todos en Formosa queda en familia», manifestó Villaggi, quien también cuestionó que el nombramiento se haya tratado de manera apresurada, sin un análisis previo en las comisiones legislativas.
Además, sostuvo que el Superior Tribunal de Justicia debe estar integrado por personas capaces de garantizar independencia frente a las presiones políticas y vinculó sus críticas con el escenario institucional de la provincia y los cuestionamientos que anteriormente realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la reelección indefinida.
El oficialismo defendió la postulación
En respuesta a los cuestionamientos, el diputado justicialista Agustín Samaniego defendió la designación de Gisel Insfrán y rechazó que el parentesco familiar constituya un motivo para objetar su llegada al máximo tribunal provincial.
El legislador sostuvo que los vínculos familiares no deben convertirse en un impedimento para acceder a cargos públicos y consideró injusto que una persona sea cuestionada por las actividades o antecedentes políticos de otros integrantes de su familia.
En ese marco, mencionó que en distintos espacios legislativos hubo dirigentes pertenecientes a familias con trayectoria política y cuestionó lo que consideró una postura contradictoria de la oposición frente a otras designaciones.
También recordó los nombramientos de integrantes de la Corte Suprema realizados durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y cuestionó las críticas opositoras hacia las decisiones institucionales del oficialismo.
Finalmente, Samaniego defendió la trayectoria de la postulante y afirmó que se trata de una abogada con condiciones profesionales y personales para desempeñarse en el cargo. Sostuvo que su designación constituye un reconocimiento a su formación y a su capacidad


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