Lo que comenzó como un caso testigo se transformó rápidamente en una sangría de puestos de trabajo: este viernes se confirmó que al menos tres empleados más de la Cooperativa de Clorinda recibieron cartas documento notificando la extinción de sus contratos laborales. La llegada de estas nuevas intimaciones profundiza de lleno el cuadro de alarma interna en la entidad de servicios y confirma el peor escenario que se temía en los pasillos, elevando a cuatro las cesantías confirmadas en lo que va de la semana.
Al igual que en la primera notificación fechada el 20 de octubre con la firma del titular del Consejo de Administración, Fernando Javier Bogado, las nuevas cartas documento vuelven a escudarse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Con la justificación legal de una supuesta falta o disminución de trabajo no imputable a la patronal, la conducción que Bogado comparte con Carlos Alarcón busca recortar costos liquidando indemnizaciones reducidas al 50 %, una maniobra de ajuste que se desató tras el duro revés judicial del 25 de septiembre, cuando la jueza Gladys Gaona desestimó el concurso preventivo por falta de información contable veraz.
La seguidilla de notificaciones generó un estado de máxima angustia e incertidumbre entre todo el personal de planta y maestranza, al constatar que la dirigencia cooperativa decidió descargar el costo del quebranto financiero sobre la espalda de los trabajadores. En el ámbito gremial y societario advierten que ya no se trata de desvinculaciones aisladas, sino de un plan sistemático de achique operativo que amenaza con seguir sumando cesantías en los próximos días, comprometiendo de manera directa la capacidad de respuesta técnica para el mantenimiento de las redes esenciales.
Con el rechazo judicial del concurso todavía en etapa de apelación y una crisis económica que se agrava a la vista de todos, la Cooperativa de Clorinda entra en un punto de máxima tensión social e institucional. Mientras la masa societaria y los vecinos continúan sin recibir explicaciones claras ni balances transparentes de las cuentas comunitarias, las autoridades del Consejo eligen profundizar el conflicto laboral con despidos en serie que ponen en jaque el futuro de los servicios en la ciudad
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