Mientras algunos mandatarios negocian fondos con Javier Milei, sus provincias enfrentan el deterioro económico y la pérdida de recursos. Los datos del CEPA exponen las contradicciones de un esquema que privilegia los acuerdos individuales por encima de una defensa conjunta del federalismo
«Yo dialogo con quien quiera, lo que yo no soy es comprable». Con esa definición, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, marcó distancia de los mandatarios provinciales que negocian individualmente con el Gobierno de Javier Milei. Durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista, cuestionó a quienes consideran que pueden salvar sus distritos mediante acuerdos particulares con la Casa Rosada.
El planteo expone una discusión que trasciende las diferencias partidarias: ¿qué sucede cuando los gobernadores priorizan las negociaciones individuales mientras sus provincias enfrentan las consecuencias del ajuste nacional? Detrás de estos acuerdos aparece el riesgo de reemplazar un federalismo basado en la cooperación entre provincias por un esquema fragmentado, donde cada mandatario busca obtener beneficios particulares mientras se profundizan las desigualdades económicas y sociales.
Gobernadores aliados y provincias golpeadas por el ajuste
El acompañamiento político a Milei contrasta con la situación económica y social de las provincias. Según registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y junio de 2026, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Tucumán perdieron en conjunto 3.310 empleadores registrados. A esto se suman los últimos datos del INDEC: la pobreza alcanzó al 56,2% de la población de Concordia, al 48,6% del Gran Resistencia y al 42,2% de Posadas durante el primer semestre de 2026.
Mientras tanto, el CEPA advirtió que todas las provincias recibieron menos recursos nacionales en términos reales que en 2023. El interrogante es qué beneficios concretos obtuvieron estos distritos de sus acuerdos con la Casa Rosada, cuando las transferencias no automáticas no alcanzaron para compensar el deterioro de sus economías.
El deterioro también alcanza a las economías regionales, donde las decisiones nacionales impactan directamente sobre la producción y el empleo. En Misiones, por ejemplo, el CEPA advirtió sobre la crisis del sector yerbatero, marcada por la pérdida de ingresos de los productores, las dificultades de financiamiento y la migración de trabajadores hacia Brasil en busca de oportunidades laborales.
Este escenario expone los límites de las negociaciones individuales: mientras los gobernadores buscan obtener recursos y concesiones de la Casa Rosada, las actividades que sostienen a miles de familias continúan atravesando dificultades. La discusión, entonces, no pasa solamente por cuánto dinero recibe cada provincia, sino por la capacidad de sus representantes para defender un proyecto de desarrollo que contemple al conjunto de la población.
ATN: $177.000 millones y una distribución concentrada
Una de las principales herramientas de negociación son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos destinados a atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales. Según los datos relevados por el CEPA, durante los primeros nueve meses de 2026 el Gobierno nacional distribuyó $177.000 millones en ATN, concentrados en apenas 15 jurisdicciones, mientras otras nueve quedaron excluidas.
Entre las provincias que recibieron mayores transferencias aparecen:
- Misiones: $25.000 millones.
- Corrientes: $19.000 millones.
- Catamarca: $18.500 millones.
- Salta: $18.000 millones.
- Entre Ríos: $15.000 millones
El organismo advirtió que estas transferencias resultan insuficientes para compensar la pérdida de recursos provinciales: los ATN representaron, en promedio, apenas el 0,5% de los recursos de origen nacional recibidos hasta septiembre. En lugar de actuar como un bloque para reclamar recursos y políticas de desarrollo, las provincias compiten por transferencias no automáticas que tampoco revierten sus dificultades económicas. Hay una pelea por una sábana corta que termina por no cubrir a nadie.
Zonas Frías: el costo de negociar derechos por promesas
El debate sobre el régimen de Zonas Frías constituye otro ejemplo de los riesgos de esta estrategia. Los gobernadores del Norte Grande acordaron acompañar modificaciones que redujeron el alcance de los subsidios al gas a cambio de que Nación implementara un régimen de Zonas Cálidas, con tarifas eléctricas diferenciadas para el NEA y el NOA. Sin embargo, solamente colaboraron eliminar los subsidios en los precios residenciales del gas a millones de personas, mientras aún no hay noticias sobre la resolución que va a instaurar el sistema diferenciado para las zonas de calores extremos.
«Nadie se realiza solo si no se realiza en comunidad», advirtió Insfrán en su discurso, una definición del justicialismo que llama a un desarrollo integral de las provincias. La frase sintetiza el debate sobre el federalismo argentino. Cuando los gobernadores negocian de manera aislada, la defensa de los intereses comunes queda relegada por acuerdos circunstanciales. Porque mientras cada distrito intente salvarse por separado, el Gobierno central conservará la ventaja. Y sin una estrategia federal compartida, difícilmente pueda construirse una salida que contemple las necesidades del conjunto del país
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