En el Mes de la Inclusión, el Gobierno sostiene que las personas con discapacidad son una prioridad. Sin embargo, el Presupuesto 2027 propone cambios en pensiones, prestaciones e Incluir Salud, mientras continúa la disputa por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Octubre es el mes de la inclusión con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la incorporación de las personas con discapacidad en las actividades cotidianas y para recordar la responsabilidad del Estado para garantizar que sus derechos se cumplan. Es más, el mismo Vocero Presidencial Adrián Ravier afirmó que: “Las personas con discapacidad son prioridad para el Gobierno nacional”. Sin embargo, el Presupuesto 2027, la evolución de las pensiones, el financiamiento de Incluir Salud, las modificaciones propuestas al sistema de prestaciones y la disputa abierta por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad muestran un escenario distinto.
La Ley 27.793 fue sancionada en septiembre de 2025 después de que el Congreso insistiera ante el veto del presidente Javier Milei. El Ejecutivo promulgó la norma, aunque inicialmente suspendió su ejecución hasta que se determinara su financiamiento. Luego, una resolución judicial ordenó avanzar con su aplicación y, en febrero de 2026, el Gobierno terminó reglamentándola mediante el Decreto 84/2026. Ahora, mientras se acerca el vencimiento de la emergencia previsto para el 31 de diciembre de 2026, el Gobierno propone modificar el esquema que se encuentra vigente.
Una emergencia que nació entre el veto y la Justicia
La Ley de Emergencia en Discapacidad estableció medidas destinadas a sostener las prestaciones y a recomponer un sistema que estaba deteriorado. Entre sus disposiciones se encuentra la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, además de mecanismos vinculados con el financiamiento de las prestaciones y el nomenclador que determina los aranceles del sistema.
En agosto de 2025, Milei la vetó, pero el Congreso insistió con una mayoría de 2 tercios y finalmente la ley fue promulgada en septiembre. Después de eso tuvo una suspensión que derivó en una disputa judicial que terminó con una orden del Juzgado Federal de Campana para que el Gobierno Nacional cumpliera la ley. El Decreto 84/2026 reglamentó finalmente la ley y estableció, entre otras cuestiones, el régimen de la nueva pensión y un esquema de auditorías periódicas. Pero la emergencia tiene fecha de vencimiento. Y el debate sobre qué debe ocurrir después de diciembre volvió a quedar asociado al Presupuesto 2027.
El Presupuesto vuelve a cambiar las reglas de juego
El proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno Nacional introduce varias modificaciones. Una de las principales afecta al Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. Los artículos 39 y 41 eliminan la homogeneidad de los aranceles y permiten que cada organismo obligado determine los valores de sus prestaciones en su relación con los prestadores. Osea que se abandona el esquema de un arancel único.
Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el cambio podría generar diferencias entre beneficiarios dependiendo de qué organismo financie su atención y convertirse en un factor estructural de desigualdad. El proyecto también elimina la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social creada por la Ley de Emergencia y mantiene la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, pero bajo criterios más restrictivos. Entre los cambios cuestionados se encuentra la modificación de la relación entre la pensión y el empleo registrado. El propio Presupuesto proyecta para la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral una recuperación real del 8,5% respecto de 2026. Sin embargo, los recursos quedarían 26,5% por debajo del nivel de 2023, según el análisis de ACIJ.
Pensiones, auditorías e Incluir Salud
Según datos oficiales las pensiones por invalidez alcanzaron 1,22 millones en 2024, con un crecimiento interanual del 1,1%. En 2025, en cambio, se registró una caída del 3,4%, hasta cerrar el año con alrededor de 1,18 millones de prestaciones activas. El monto promedio también perdió poder adquisitivo: en 2024 cayó 13,9% en términos reales y, pese a una recuperación del 2,35% durante 2025, acumuló una contracción real del 11,9% respecto de 2023.
A esto se suma el proceso de auditorías iniciado por el Gobierno en 2024. Según los datos difundidos, fueron suspendidas 65.789 pensiones por presunto incumplimiento de requisitos. Pero el operativo también quedó bajo cuestionamiento por las dificultades en las notificaciones: para junio de 2025, el 46% de las cartas enviadas no había sido entregado. El otro punto sensible es Incluir Salud, el programa de cobertura sanitaria para beneficiarios de determinadas prestaciones. Para 2027, el proyecto contempla una reducción real del 13,9% frente a 2026 y del 19% en comparación con 2023. En paralelo, instituciones que trabajan con personas con discapacidad vienen denunciando dificultades para acceder a medicamentos, pañales y otros insumos.
En septiembre de 2026, frente a la presión política por la continuidad de la emergencia, el oficialismo presentó un proyecto propio que busca transformar en permanentes algunos de los mecanismos establecidos por la Ley 27.793. La propuesta, sin embargo, convive con el capítulo de discapacidad incluido originalmente en el Presupuesto 2027, que planteaba cambios diferentes sobre pensiones, prestaciones y acceso a beneficios. Una contradicción que no pasó de largo en el colectivo
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