La desaparición temporal de un niño de 11 años de la residencia de su abuela en la provincia de Corrientes volvió a encender las alarmas sobre el accionar judicial en casos de vulneración de derechos en la infancia. El hecho ocurrió tras la decisión de separarlo de su madre, Elena, y enviarlo a la provincia vecina sin la instancia de escucha correspondiente y omitiendo advertencias sobre las condiciones del entorno al que era destinado.
Actualmente, el menor se encuentra bajo la tutela del Juzgado de Familia y Niñez N° 1 de Corrientes. Diversos colectivos que acompañan la causa señalaron que el episodio dejó en evidencia inconsistencias en las evaluaciones del expediente, las cuales aseguraban que la vivienda garantizaba la contención y seguridad del niño.
La lucha por ser escuchado
Allegados y referentes comprometidos con la causa expresaron la urgencia de reevaluar las medidas tomadas y garantizar la protección integral del menor. «Hoy sabemos que el niño de Clorinda está bajo la tutela del Juzgado de Familia y Niñez N° 1 de Corrientes y tenemos la certeza de que esta vez sí será escuchado y que sus derechos y garantías serán respetados como marca la ley», afirmaron personas cercanas al expediente.
Asimismo, remarcaron el impacto social que generó el reclamo y la necesidad de priorizar el bienestar emocional por encima de los burocráticos trámites administrativos. «Hoy tenemos que seguir levantando la voz por el niño de Clorinda y remarcar que es un héroe. Su mamá lo ama incondicionalmente y la fuerza de ellos dos juntos hizo que todo un país se movilizara para defenderlo y a cada niño que sufre maltrato», señalaron.
Un llamado a la responsabilidad institucional
El caso genera un profundo debate sobre el tratamiento de la niñez dentro del sistema legal y la importancia de que las voces de los menores sean tenidas en cuenta en las decisiones que condicionan su vida. «El niño de Clorinda no es un expediente. Tiene 11 años. Su voz tiene que ser escuchada», sostuvieron allegados al caso
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