La principal problemática es que las entidades no aceptan refinanciar deudas. Por ello, frente al avance agresivo de los bancos y las financieras —que según la Defensoría del Pueblo de Formosa ya no esperan los habituales tres meses de mora para iniciar citaciones, cartas documento o ejecuciones judiciales con embargos—, Leonardo Gialluca convocó a los endeudados a presentarse a las oficinas del organismo
La crisis económica y la pérdida sistemática del poder adquisitivo han empujado a millones de hogares argentinos a una situación límite: endeudarse para poder subsistir. Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, liderada por el Dr. José Leonardo Gialluca, anunció el lanzamiento de una campaña de concientización y recolección de firmas con el objetivo de presentar un proyecto de Ley de Desendeudamiento ante el Congreso de la Nación, bajo el amparo del derecho de iniciativa popular consagrado en el artículo 33 de la Constitución Nacional. Quien tenga alguna inquietud puede acercarse a Padre Patino 831.
La iniciativa se desarrollará en colaboración con diversas asociaciones, fundaciones locales (como la Fundación Alameda) y las Defensorías del Pueblo de toda la República Argentina. Las firmas recolectadas serán remitidas a los legisladores nacionales como una muestra contundente de la urgente necesidad de auxilio que hoy tienen las familias endeudadas.
Desde la Defensoría del Pueblo denuncian que la inflación permanente y la caída del salario real han obligado a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y trabajadores formales e informales a recurrir al crédito no para adquirir bienes duraderos, sino para cubrir necesidades básicas e indispensables. «Cuando las personas y los hogares deben financiar con crédito el acceso a bienes indispensables para su subsistencia, la deuda deja de ser una cuestión exclusivamente privada para transformarse en un problema de interés público«, reza la gacetilla oficial de la Defensoría.
El Ombudsman provincial, Leonardo Gialluca, apuntó contra las altísimas tasas de interés vigentes en el mercado —que en el caso de las billeteras virtuales superan un escandaloso 1400% de tasa nominal anual— y criticó la falta de regulación por parte del Banco Central (BCRA). Asimismo, cuestionó la postura del Gobierno Nacional, que considera el endeudamiento de consumo como «un problema entre particulares» en el que el Estado no debe intervenir.
«A las periferias abandonadas no llegan las leyes del mercado desregulado; el mercado busca la ganancia, no la fraternidad», advirtió el funcionario, señalando que «cuando el Estado le suelta la mano a los más vulnerables, lo que queda no es la libre competencia, sino la ley de la selva».
La Defensoría pone en evidencia una histórica doble vara en la intervención estatal. Mientras que el Gobierno Nacional actual sostiene que las deudas familiares deben resolverse estrictamente entre deudores y acreedores, el Estado argentino ha intervenido en numerosas oportunidades para rescatar a sectores económicamente poderosos. En total, la Defensoría estima que los rescates estatales a sectores corporativos y financieros superan los 40.000 millones de dólares. «Si el Estado pudo rescatar a los poderosos, sin exigirles contraprestación (…) entonces ahora tiene el deber de rescatar a quienes se endeudaron para sobrevivir», argumenta firmemente el organismo de defensa
Aunque existen actualmente cerca de 30 proyectos de ley en el Congreso nacional vinculados a esta problemática, ninguno ha logrado obtener sanción hasta la fecha. La propuesta que busca impulsar la movilización popular pretende obligar al poder político a tomar medidas concretas en puntos clave:
- Límites a las tasas de interés y regulación estricta de las billeteras virtuales.
- Esquemas de refinanciación de deudas accesibles y realistas para los hogares vulnerables.
- Protección frente a cobranzas abusivas: la Defensoría ya ha solicitado formalmente al BCRA que intervenga para frenar el acoso telefónico sistemático y las intimidaciones permanentes que sufren los deudores por parte de entidades financieras y estudios jurídicos.
Frente al avance agresivo de los bancos y las financieras —que según la Defensoría ya no esperan los habituales tres meses de mora, sino que a los 30 días derivan los casos a estudios jurídicos para iniciar citaciones, cartas documento o ejecuciones judiciales con embargos—, Leonardo Gialluca brindó una recomendación fundamental: no quedarse inmóviles.
«Lo peor que uno puede hacer es quedarse con la llamada y sin hacer nada por miedo», enfatizó Gialluca. Las personas afectadas deben acercarse de forma presencial o comunicarse a través de las redes sociales con la Defensoría del Pueblo, la Subsecretaría de Defensa del Usuario y del Consumidor, o asociaciones civiles afines.
Para recibir asesoramiento legal gratuito y buscar alternativas viables de salida, se solicita a los damnificados presentarse a la Defensoría con toda la documentación disponible de la deuda, ya sea de una entidad bancaria, tarjeta de crédito o billetera virtual, antes de que la situación derive en una instancia judicial
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