Un plenario que reunió a representantes de organismos nacionales, dirigentes políticos y fuerzas federales de seguridad puso bajo la lupa la complejidad actual de la trata de personas en la región. La delegada del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, Lourdes Alejandra Olmedo, expuso sobre las nuevas metodologías de captación a través de entornos virtuales, el vínculo estructural del delito con el narcotráfico, el debate ético sobre el contrabando y la urgente necesidad de adecuar el marco normativo provincial para proteger a las poblaciones más vulnerables.
La lucha contra la trata y la explotación de personas sumó un hito clave en la provincia de Formosa con la concreción de un nuevo encuentro del ciclo de mesas interinstitucionales. La jornada, desarrollada en la sede local del PAMI, reunió a referentes institucionales de distintos niveles gubernamentales, autoridades de organismos nacionales y miembros de las fuerzas federales con el objetivo de consolidar una estrategia conjunta de prevención, detección temprana y persecución penal en este territorio fronterizo.
En un extenso diálogo con el programa “Algo Está Pasando”, transmitido por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, la delegada regional del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas —con jurisdicción en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones—, Lourdes Alejandra Olmedo, analizó minuciosamente el panorama provincial y trazó un diagnóstico severo sobre las trampas operativas que imponen los tratantes en la actualidad.
Redes interinstitucionales y la urgencia de escuchar al territorio
La mesa de articulación desarrollada en la capital formoseña se enmarca en un despliegue federal que busca romper el aislamiento entre las distintas dependencias estatales encargadas de velar por la seguridad y la asistencia a las víctimas. Según detalló Olmedo, la convocatoria respondió a la exigencia de coordinar esfuerzos en un punto geográfico estratégico.
“Forma parte del ciclo de mesas interinstitucionales que realizamos en todo el país. En esta ocasión se reunieron las instituciones nacionales porque necesitábamos trabajar, sobre todo escucharnos, ver en qué situación respecto de la trata cuáles son las dudas, cuáles son las dificultades y qué propuestas y soluciones plantean las instituciones nacionales para luchar contra este flagelo en Formosa, que es una provincia de frontera, pero que también está imbuida en toda la realidad”, precisó la funcionaria.
La representante del Ministerio de Seguridad de la Nación remarcó que el objetivo central de estos espacios es articular medidas operativas concretas para evitar la captación y el sometimiento de personas en cualquiera de sus modalidades. “Tenemos que tener los oídos, los ojos, todos los sentidos muy atentos para poder colaborar cada institución dentro de sus funciones y posibilidades para evitar que esta esclavitud moderna siga sumando cifras y víctimas que son personas que pierden su dignidad. Es muy difícil salir del circuito de la trata”, aseveró.
La mutación del delito: el peligro dentro del hogar y las redes sociales
Uno de los aspectos más alarmantes desarrollados por Olmedo durante la entrevista radial radica en la transformación de los mecanismos de reclutamiento. Si bien la condición socioeconómica y la vulnerabilidad estructural en los barrios continúan siendo factores de riesgo clave, las plataformas digitales han eliminado las fronteras físicas para el accionar de los tratantes.
“Hoy en día la captación de personas está circulando y se está produciendo principalmente por las redes sociales”, advirtió Olmedo. Esta realidad desmorona la vieja creencia de que el peligro se limita al abordaje físico en la vía pública o a través de engaños presenciales.
“Hoy la captación puede estar ocurriendo dentro de nuestro propio hogar. Nuestros hijos en la habitación, mientras nosotros pensamos que están jugando al juego o que están tranquilos, pueden tranquilamente estar siendo captados. La mayor cantidad de captación ocurre a través de las redes sociales, sea para explotación sexual o para explotación laboral”, graficó la delegada.
En este sentido, la funcionaria hizo especial hincapié en el impacto de los entornos lúdicos y las redes de apuestas o ludopatía, que terminan entrampando a jóvenes y adultos en espirales de coerciones financieras insostenibles. “El caso de que niños, adolescentes y hasta personas adultas empiecen a adquirir deudas o comprometer el patrimonio de su familia porque están teniendo personas que los presionan, va a significar posible producción de material de abuso sexual infantil u otro tipo de explotación que sea para pagar esos créditos y deudas que van teniendo sin darse cuenta. Es muy peligroso tener la idea de que son captados porque viene una camioneta y los observa; hoy la captación puede ocurrir en la propia casa”, enfatizó.
La línea 145 como herramienta clave y la resistencia a la denuncia local
Frente a la complejidad del fenómeno, el Comité Ejecutivo insiste en potenciar los canales anónimos de denuncia y consulta como única vía efectiva para perforar el manto de silencio que suele cubrir estas operaciones criminales en comunidades estrechas.
Olmedo destacó la importancia de que los municipios adquieran un rol proactivo en la difusión de la canalización de alertas: “Nos interesa que los municipios en los que ya tienen una adhesión a la línea 145, que es la línea anónima y gratuita de denuncia o de consulta, realmente empiecen a efectuar las acciones de coordinación, de articulación y de difusión. Y los municipios que aún no la tienen, puedan empezar a trabajar a pensar en esto desde las ordenanzas, principalmente colaborando con la concienciación y con esta propuesta de que la gente pueda hablar”.
La representante nacional ahondó en los motivos psicológicos y sociales por los cuales los vecinos evitan concurrir a las dependencias policiales locales a exponer situaciones sospechosas observadas en su entorno cotidiano.
“No siempre es fácil que ante una situación que uno detecta en su barrio o en su propia familia, pueda ir a la policía y decir ‘me parece que mi hija o mi yerno está siendo captado, o en mi barrio veo que entra y sale gente a determinados horarios’. No es fácil exponerse porque mañana hay que seguir viviendo en el mismo barrio, por temor a las represalias, por temor a equivocarse o a dañar. Ofrecer una línea anónima y gratuita donde se puede derivar con datos certeros a la justicia federal ayuda, y está demostrado que esas investigaciones pueden llevar a apresar a los delincuentes y rescatar a posibles víctimas”, argumentó.
Desmitificando además la mirada simplista sobre la provincia, Olmedo rechazó que el territorio funcione únicamente como una zona neutra de tránsito. “Hay mucha equivocación respecto de que en Formosa no hay trata de personas o de que acá solo pasan las víctimas que vienen de Paraguay o son llevadas hacia allá. Pasan cosas, pero la gente no se anima a denunciar”, ratificó.
Frontera, narcotráfico y la falsa narrativa del contrabando como empleo
El análisis de la situación en las ciudades fronterizas, con especial foco en Clorinda y sus más de noventa pasos vecinales no habilitados entre pasarelas y cruces fluviales, ocupó un capítulo central de la entrevista. Olmedo relacionó de forma directa la trata de personas con otros delitos de escala transnacional, como el tráfico de estupefacientes y la facilitación del ingreso ilegal de migrantes.
“El narcotráfico es el delito que más dinero deja, pero está estrechamente relacionado con la trata de personas”, sostuvo Olmedo, marcando además la urgencia de desmontar ciertos mitos profundamente arraigados en la cultura económica de las fronteras.
En referencia explícita a la naturalización del contrabando en la zona, la delegada fue contundente: “El contrabando no es un trabajo. Es una forma en que algunas personas se hacen tremendamente ricas, es una forma de vulnerar nuestras fronteras y de poner en peligro a la gente, porque no se sabe qué se está transportando. Así como se transporta una caja de aceite, se puede estar transportando a una persona de aquí para allá o a varias personas”.
Para graficar la gravedad de estas redes, la funcionaria recordó intervenciones recientes vinculadas al tráfico internacional de personas a través de pasos clandestinos: “Como ha pasado con el caso de las ciudadanas dominicanas que estaban siendo traídas de manera ilegal. Entraron hacia Brasil, pasaron a Paraguay y acá estaban entrando por los pasos ilegales que son más de noventa, solo en la ciudad de Clorinda, entre puentes y botes. Por esos pasos pasan los tratantes, las esperan de este lado, las hacen subir a un colectivo de manera apurada, les cambian el chip y las van llevando para el sur o para otros lugares donde hay mucha demanda de explotación sexual”.
Asimismo, visibilizó la explotación laboral implícita en las tareas del paso ilegal de mercaderías: “Hay que ver el peso que llevan los adolescentes y niños en etapa de crecimiento sobre el cuerpo, duplicando y triplicando su propio peso, terminando a muy corta edad con un montón de enfermedades. Eso es lisa y llanamente explotación; no tienen aseguradora de riesgo de trabajo, no se les paga jubilación ni el sueldo que corresponde”.
Las deudas legislativas en la provincia y la urgencia de proteger a los más vulnerables
Hacia el cierre de la entrevista, la delegada hizo un llamado de atención sobre la agenda parlamentaria local y la urgencia de dotar a la provincia de instrumentos legales específicos que combatan modalidades extremas de violencia y sometimiento que afectan a comunidades originarias y sectores rurales en el interior formoseño.
Olmedo puso como referencia la avanzada normativa alcanzada por jurisdicciones vecinas ante prácticas sistémicas de abuso y explotación: “La provincia necesita trabajar con urgencia lo que ya la provincia de Salta dictaminó como ley, la conocida como Ley Doctrina, en la ley contra el chino, que es una práctica racista de violación sistemática a niñas, mujeres y niños, extendida en el oeste formoseño. A muy pocos kilómetros, en Salta, los pueblos originarios están protegidos desde abril de 2026 por esta situación, entendiendo que el chino es una forma de trata de personas”.
Frente a la inacción o la negación de ciertos sectores institucionales, la funcionaria remarcó la gravedad del problema y exigió compromisos legislativos efectivos que trasciendan las meras declaraciones formales.
“Más allá de que algunas altas autoridades del Poder Judicial nieguen que exista, todo aquel que anduvo, vivió o escuchó del centro y del oeste formoseño sabe que es una realidad que vulneró y vulnera la vida de cientos de personas, con niños hijos del chino sin padres y sin reconocimiento. Es fundamental que esa ley se empiece a trabajar y proponer en Formosa. Necesitamos acciones concretas, no firmas en papeles donde todos levantan la mano y que mueren ahí, ni fotos. Necesitamos gente que se ponga a trabajar en la prevención, porque las mafias y los delincuentes no nos van a preguntar cuándo empezar a actuar; ellos están actuando y ganando mucho dinero a costa de quitar la dignidad y la libertad a las personas”, concluyó
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