La iniciativa recibió 37 votos a favor y 33 en contra. Tras la votación en general, se inició la particular. Antes de la votación, la titular del bloque oficialista anunció que retiraban también la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. El día anterior, la Ley de Tierras quedó fuera. Hubo protestas e incidentes en las afueras del Congreso durante la jornada.
Luego de largas horas de debate en el Senado y no menos extensas negociaciones hasta último momento, el oficialismo logró darle media sanción al proyecto de ley de Inviolabilidad Privada por 37 votos a favor y 33 en contra. Pero fue con un alto costo, ya que antes de la votación tuvo que retirar otro capítulo: el referido a la Ley de Manejo del Fuego.
Así las cosas, solo quedaron de la ley original los cambios en desalojos, expropiaciones y Registro del Inmueble. De esta manera, el oficialismo celebró a medias: consiguió la media sanción, pero con un proyecto seccionado. Más que celebrar una victoria, evitó una contundente derrota.
El retiro del capítulo referido al Manejo del Fuego no sorprendió demasiado, ya que al caer la noche se sabía que los números ya no le daban al oficialismo para ese capítulo. Los votos originalmente estaban, pero con el correr de las horas se fueron evaporando: los dos misioneros se sabía que votarían en contra, igual que los dos santacruceño, Alejandra Vigo, Flavia Royón, Beatriz Ávila, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, Edith Terenzi… Y ante esa certeza, la jefa del bloque acordó con el Gobierno pegar el volantazo. Lo anunció antes de la votación el senador Agustín Coto, quien solo anunció el retiro del Capítulo IV, lo que llevó a José Mayans a sugerirle entre risas retirar la ley por completo.
En la votación en general, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de la mayoría de sus aliados: todos los senadores del bloque UCR; los del Pro; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la chubutense Edith Terenzi.
Mientras que se opusieron el interbloque peronista; el bloque Convicción Federal; las senadoras tucumanas Beatríz Ávila y Sandra Mendoza; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; la neuquina Julieta Corroza; la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo.
La votación en particular
A continuación de la votación en general, se procedió a la votación en particular de un texto del que habían desaparecido dos capítulos completos y diez artículos, respecto de la versión original.
El Capítulo I correspondiente a expropiaciones, fue aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra.
El Capítulo II, correspondiente a los desalojos, que incluye los artículos 12 al 23 inclusive, resultó aprobado por 36 votos a favor, 33 en contra, con una abstención de Edith Terenzi.
El Capítulo V, que va del artículo 33 al 46 inclusive y se aprobó por 37 a 33.
El Capítulo VI, que tiene los artículos 47 y 48, resultó aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra.
Obviamente al final se facultó a la Secretaría Parlamentaria a realizar la renumeración completa del proyecto, habida cuenta de la eliminación de los capítulos III y IV.
Cómo fue desgajándose el proyecto
La iniciativa impulsada por el Gobierno, e ideada por el ministro Federico Sturzenegger, tuvo un complicado camino, marcado por cuatro intentos fallidos de tratamiento y un texto que, después de haber sido dictaminado -el 20 de mayo- tuvo 18 versiones, dado las modificaciones negociadas entre el oficialismo y sus aliados puertas adentro de los despachos durante estos meses.
LLA llegó a la sesión con un duro revés producido por la caída anticipada del Capítulo III, que preveía la modificación de la Ley de Tierras. La fuerte campaña en contra de esa propuesta, que se instaló en la agenda pública y las redes sociales (incluso con artistas populares sumándose), provocó que varios senadores de los llamados “dialoguistas” confirmaran anticipadamente que no iban a acompañar ese punto.
La sesión arrancó a las 14.18 sin necesidad de contar con el quórum, tratándose de la continuidad de la sesión del 16 de julio pasado en la que se votó un cuarto intermedio para debatir este tema. La puso en marcha el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en ausencia de Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por estar el presidente Javier Milei fuera del país.
Precisamente Villarruel había avalado en la previa de la sesión a los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) y Flavio Fama (UCR) a participar de manera virtual, imposibilitados por razones médicas de asistir de manera presencial. Sin embargo, ese tema debía ser resuelto por el pleno del Cuerpo, y si bien se preveía una fuerte discusión reglamentaria, en realidad hubo un acuerdo entre LLA y el kirchnerismo y se votó a mano alzada y sin debate que esos pedidos fueran tratados oportunamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Durante el debate, en las afueras del Congreso hubo una destacada movilización, que incluso se vio mermada por la eliminación del capítulo de tierras (que era el que concentraba el mayor rechazo) y las condiciones climáticas. Sin embargo, hubo una recurrida presencia de organizaciones sociales, ambientales, sindicales y agrupaciones políticas que habían convocado a manifestarse en contra del proyecto.
Por la tarde, cuando los efectivos de seguridad avanzaron para dispersar a los participantes, se generaron graves incidentes y enfrentamientos, con manifestantes que provocaron destrozos y hubo al menos una docena de detenidos.
Un largo debate
Treinta y nueve legisladores se anotaron para hablar en esta sesión, lo que mostró de entrada que esta sería una sesión muy extensa. Abrió el fuego el senador Agustín Coto, quien en su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue el miembro informante, y en su exposición dio detalles de la norma promovida por el Poder Ejecutivo, y una y otra vez hizo referencias a las múltiples modificaciones realizadas en el texto dictaminado oportunamente.
Una iniciativa que, dijo, “nace en el marco de lo que fue el Pacto de Mayo, incorporado finalmente como proyecto”. Cuya base constitucional está en el artículo 17 de la Constitución, que establece el concepto de inviolabilidad de la propiedad y le da “la nomenclatura con la que tratamos esta ley”, según planteó.
Tras recordar cómo fue el debate en comisión, que remarcó que contó con la participación mayoritaria de gente que no estaba de acuerdo con el proyecto, se llegó a un dictamen que, admitió, “ya tiene bastante tiempo”. “Ha habido más de una modificación”, deslizó, aunque obviamente los cambios son “más de uno”. Y recordó en ese marco que la última y gran modificación fue la eliminación del Capítulo III.
Tantas eran las modificaciones a las que hizo referencia -aclarando que más tarde daría precisiones puntuales a los efectos de ser considerados en la votación en particular-, que los senadores Adán Bahl y Fernando Salino lo interrumpieron para solicitar precisiones, a fin de seguir el hilo del borrador del dictamen que tenían en sus manos. En realidad, se trataba de la última de las casi dos decenas de textos con modificaciones que circularon las últimas semanas.
Atento a ello fue que el senador José Mayans adelantó la postura que se esperaba expondría en algún momento, y propuso a continuación del discurso de Coto una moción para devolver el texto a comisión. Previsiblemente no tuvo éxito, y el resultado de la votación adelantó de alguna manera la tendencia que se mantendría al cabo de la sesión, pues el oficialismo con aliados rechazaron la moción por 38 votos contra 31.
Votaron con el oficialismo los radicales, el Pro, la neuquina Julieta Corroza, Camau Espínola, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y la chubutense Edith Terenzi, en tanto que en contra lo hicieron los miembros del interbloque Popular, Convicción Federal, Beatriz Ávila, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo.
En una extensa intervención, el senador chaqueño Jorge Capitanich invocó a la Constitución Nacional, el Magnifica Humanitas (doctrina social de la Iglesia) y a la “doctrina peronista” para endilgarle a este texto un objetivo de “eliminar los límites de la extranjerización de las tierras”.
Evitando mencionar la acusación contra Joaquín Benegas Lynch, el exgobernador ironizó: “Si queremos custodiar la propiedad, custodiémosla siempre y con los mismos principios, no cuando se usa al Estado para satisfacer intereses personales y corporativos”.
Cuestionó al oficialismo por agregar una nueva derogación a la Ley de Manejo del Fuego (26.815), al que acusó de “violar el Acuerdo de Escazú y todas las leyes”, relacionadas con el objeto del marco regulatorio. “Es importante remarcar nuestra oposición enfática a estas decisiones”, reiteró.
Por último, expresó: “Creemos necesario que el debate público tenga que centrarse en el acceso a la propiedad por parte de los pobres”, y concluyó: “La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada encubre la facilitación del despojo del patrimonio y de los activos de la República Argentina”.
“Me cuesta creer que estemos tratando este proyecto”, arrancó su intervención la senadora santacruceña Alicia Kirchner al remarcar que el tema está en la Constitución Nacional y apuntó: “Me pregunto si el Ejecutivo no se dio cuenta que es el cementerio de las instituciones”. Así, agradeció al pueblo que “puso un límite” y a los gobernadores que “supieron entenderlo”.
Sin embargo, lamentó que los proyectos vigentes “tienen que ver con esos dos capítulos que se retiraron, de manera imperceptible, lo que están haciendo es vulnerando hasta el mismo proyecto que presentaron. Tienen contradicciones”.
“Hay una discrecionalidad y un desprecio a los sectores vulnerables”, manifestó y planteó que la modificación a la Ley 27.718, que trabaja la reparación histórica de las comunidades campesinas, se verá afectada el tema de la titularización de esas tierras porque “heredan esos territorios y sus tierras van a ser tocadas. Lo mismo sucede con comunidades originarias”.
Sobre el tema de los desalojos, señaló que “hay un desconocimiento de los procesos sociales. Me hubiese gustado que promovieran la construcción de viviendas o planes, esas son soluciones acordes”, y denunció que el Gobierno “aprieta” a los municipios y provincias para que lleven a cabo esos procesos.
Por último, Kirchner se refirió al Manejo del Fuego y expresó: “Se maneja en una especulación inmobiliaria. Es cruel”, y cerró: “Quiero una libertad que hable de soberanía nacional y desarrollo humano, no de mercantilismo”.
A su turno, el senador radical Maximiliano Abad planteó cuestionamientos al nuevo capitulo III del proyecto, la reforma a la Ley del Manejo del Fuego. Luego, manifestó que “defender la propiedad privada es determinante para garantizar seguridad jurídica y generar inversión”, pero afirmó que “la Argentina necesita una Ley de Tierras que sea federal y moderna, y la vigente puede ser perfectible, pero de ninguna manera podemos eliminar límites y controles”.
Por el lado del oficialismo, la neuquina Nadia Márquez le reclamó al bloque de UP no haber participado de las comisiones en las cuales hubo expositores que ellos mismos habían invitado: “Les recomiendo que vengan”.
A la hora de explicar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad, para “poder seguir regulando el tema de desalojos”, planteó diversos ejemplos como el caso de una vecina de la provincia de Neuquén llamada María que adquirió en 1973 un total de 600 hectáreas cerca de Villa La Angostura, pero en el año 2011 le usurparon parte de sus tierras grupos autodenominados mapuches.
“Esta mujer inició en el 2012 el juicio de desalojo para poder recuperar las tierras que le pertenecen. El desalojo fue ordenado y ella inició la ejecución de sentencia que fue ordenada para el 30 de marzo de este año. Se presentaron autoridades judiciales, pero a la hora de operativizar el desalojo, las fuerzas policiales de Neuquén no tuvieron la orden de presentarse. Hace más de 15 años que esta mujer, a quien no conozco, no puede tener su propiedad privada”, explayó y remarcó la importancia de “juicios de desalojo para que sean más rápido y por eso promovemos que sean por juicios sumarísimos”.
Márquez apuntó contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a quien calificó de “desorbitado” y “delirante” por sus dichos días atrás: “Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar”. Por último, la libertaria destacó que el proyecto promueve “el fin de las usurpaciones, intentar recuperar un inmueble sea un poquitito más ágil. Ponerles un freno a las expropiaciones desmedidas y apoyar a quienes quieran invertir en el país”.
El senador riojano Fernando Rejal rechazó el proyecto por su falta de transparencia tras sufrir 17 modificaciones a ciegas, denunció la desprotección de 4 millones de personas frente a los desalojos exprés y advirtió que la flexibilización en la Ley de Tierras y del Manejo del Fuego busca liquidar el patrimonio estratégico del país.
«Estábamos pidiendo que vuelva a comisión para poder analizarla y establecer cuáles son los alcances y los límites que se ponían, porque estábamos modificando varias instituciones. Al no tener garantías ni claridad sobre el texto definitivo, vamos a votar por su rechazo», aseveró Rejal durante su intervención en el recinto
Rejal alertó que el proyecto: “Facilita la flexibilización de formalidades y registros para el traspaso de titularidad de tierras a capitales extranjeros, al tiempo que destruye el espíritu de la Ley de Manejo del Fuego eliminando la prohibición del uso comercial de terrenos quemados, entregando el negocio inmobiliario a quienes quemen bosques”.
Además, cuestionó la incorporación de procedimientos acelerados de desalojo que vulneran el derecho de defensa de más de 4 millones de personas en todo el país y alertó que “Argentina está de remate” porque “con todas las riquezas que tenemos — segunda reserva de gas no convencional, 20% del litio mundial, agua dulce, 200 millones de hectáreas productivas— este proyecto nos pretende hacer creer que la norma es para que un inversor venga a poner un tambo. Nos toman por estúpidos. Lo que hay detrás es un plan sistemático de entrega de nuestros recursos naturales y estratégicos”.
“No se puede ser desregulador para el capital y regulador para el salario. La propiedad privada empieza por el bolsillo del trabajador”, señaló el senador Guillermo Andrada (Catamarca) haciendo un llamado directo “al ministro desregulador” (Federico) Sturzenegger. Así cerró un discurso en el que la bancada de Convicción Federal fijó su posición negativa frente a la iniciativa oficial.
El legislador había indicado previamente: “Entendemos que jurídicamente el salario es propiedad privada. Por lo tanto, si tanto les interesa desregular, que liberen las paritarias, porque los argentinos -si bien 60% son propietarios-, la mayoría que cobra un salario, están regulados por este Gobierno que impide paritarias libres”. Y completó: “Tanto que se llenan la boca con la libertad, si tanto le interesa desregular, que desregulen las paritarias”.
En su alocución, Andrada hizo una descripción exhaustiva del dictamen de minoría que la bancada que preside Carolina Moisés (Jujiuy) e integra la senadora nacional, Sandra Mendoza (Tucumán) firmó, presentando una propuesta superadora, cuando La Libertad Avanza clausuró el debate en los plenarios de comisiones. Definió que los ejes del dictamen de minoría son “defender a los más vulnerables, que se respete el debido proceso y dar seguridad jurídica”.
Mientras se desarrollaba el debate, tras los muros del Congreso tenían lugar fuertes incidentes entre manifestantes y los miembros de las fuerzas de seguridad. Entre los senadores que se expresaron repudiando “la represión”, el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, arrancó expresando su repudio personal “con la represión que están haciendo en las adyacencias del Congreso, que parece que es de una cobardía muy pocas veces. No dar la discusión sobre uno de los proyectos por los que la gente vino a manifestarse, y encima reprimirlos, es de una cobardía nunca vista”, lanzó.
Avanzada la jornada, luego de las 22, fue el turno de la senadora chubutense Edith Terenzi, quien se manifestó en contra de los capítulos sobre Ley de Manejo del Fuego y desalojos. En cuanto al primero, planteó: «¿Realmente vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas?».
La presidenta de la Comisión de Ambiente señaló que con la redacción final «quedan únicamente protegidos los bosques nativos». «Me preocupa que quedan sin protección otros recursos. Hace desaparecer a los bosques implantados, a los humedales y a las áreas naturales protegidas», advirtió. Y afirmó que «este capítulo es regresivo» y «va en contra del Acuerdo de Escazú».
Por el bloque Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo ratificó su rechazo al proyecto en general y recordó que hubo 17 versiones sobre el dictamen y apuntó: “De federal no tiene absolutamente nada, es una ley absolutamente innecesaria y se quiere disfrazar y tapar que es federal es la parte que se agregó para que los gobernadores terminen teniendo la decisión sobre su propio territorio como estaba planteado en el capítulo de Tierras”.
“Es una ley absolutamente innecesaria, así lo pensé desde el primer día cuando la explicaron”, reiteró y aclaró que la inviolabilidad de la propiedad está expresada en preceptos constitucionales. En esa línea, cuestionó que el proyecto se presentó como un caballo de Troya que la sociedad sintió que “se estaba planteando una iniciativa con temas inconexos, que no tiene nada que ver una cosa con otra”.
Vigo señaló que “ese caballo de Troya tenía adentro algo muy peligroso que era la venta de tierras a extranjeros que se terminó sacando porque generó la zozobra en todo el pueblo argentino”. Además, calificó la iniciativa como “inconexo” y planteó: “No tenemos la seguridad de lo que se va a votar y de lo que estamos hablando porque tuvo más de 19 versiones”.
Sobre el Manejo del Fuego, la cordobesa indicó que “la ley debiera replantearse porque tiene la misma mirada para todas las situaciones que tiene que ver con el fuego y no es lo mismo un fuego intencional que uno provocado por la naturaleza. Me hubiera gustado tener más posibilidades de debatir lo que plantea la norma sobre el fuego en zonas agrícolas”.
Al cierre, Vigo manifestó que el proyecto original “ha quedado en la nada, esta iniciativa que van a terminar votando, es un verdadero mamarracho”, y reiteró su voto negativo en general y en particular.
Entre los cierres de jefes de bloques, el santacruceño José María Carambia le dedicó el suyo al senador Joaquín Benegas Lynch por haberse referido despectivamente al inicio de la sesión a “los tibios del medio”. Sintiéndose aludido, el senador santacruceño se quejó por “la falta de respeto para con los partidos provinciales, como nos tituló por estar en contra de una ley que entendemos que va en contra de la soberanía nacional, como ‘tibios e ignorantes del medio’, me gustaría que estuviera ahora ahí, que pida disculpas públicamente. Me parece que es el deber del senador hacerlo”
En el tramo final del debate, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, remarcó que el proyecto tiene «un nombre que no tiene nada que ver con la ley: inviolabilidad de la propiedad privada. Todo mentira». Al destacar que se cayó la reforma de la Ley de Tierras, valoró «la exposición de los jugadores de la Selección» con la bandera referida a Malvinas y relacionó que por ese motivo «hubo vergüenza de votar» esta iniciativa el pasado 16 de julio.
Sobre el actual límite del 15% del territorio para la venta a extranjeros, el formoseño consideró que «es mucho; para este tiempo, con los Peter Thiel, es mucho. Deberíamos bajarlo». «Estamos hablando de las empresas que compran grandes partes del territorio nacional, a orillas del mar, del Paraná, de la cordillera», expresó y ponderó: «La gente hizo que esto se caiga y me parece excelente».
Luego, el opositor denunció que «el Presidente y su hermana se están robando los bienes del Estado; están desguazando la energía nuclear en Argentina». «Esta ley lo que hace es el Estado bobo, contradice la Constitución Nacional. Cuando se expropia un bien es para utilidad pública, previa indemnización. La propiedad privada está garantizada y nosotros la queremos, queremos la inversión privada y la inversión pública», enfatizó e insistió que «esta ley es para proteger el robo de los bienes del Estado, las empresas que están privatizando con sus testaferros».
«Acá lo que falta es que el pueblo argentino nos dé la autorización a nosotros en el próximo gobierno y ¡estos terminan todos presos!», lanzó y al reiterar que se cayó el capítulo de la Ley de Tierras desafió: «Inténtelo de nuevo y yo creo que se cae el Gobierno». Finalmente, confirmó el voto en contra a «una ley profundamente inconstitucional y vergonzosamente tratada».
Ya en la madrugada del viernes, la ronda de oradores se cerró con la palabra de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, criticó los discursos precedentes “fuera de lugar, que retroceden a una Argentina hace 60 años, alejados de lo que le pasa a la gente a diario y a una situación que estamos corrigiendo cosas que hicieron ellos –en referencia al kirchnerismo- y es como inaceptable “.
Bullrich remarcó que durante muchos años “fue fácil quedarse con lo ajeno y no poder recuperar lo propio”, y recordó la toma del 2020 en Guernica donde se instalaron meses de conflicto por más de 100 hectáreas tomadas y detalló que entre 2022-2021 en la provincia de Buenos Aires hubo 17 mil usurpaciones. En ese sentido, cuestionó que la oposición hace hincapié en que la inviolabilidad está en la Constitución, pero “hay que llevarla a la práctica, hacerla realidad y decir ‘está bien que usurpen’, no hay que dejarla en un papel”.
La libertaria criticó que durante mucho tiempo en el país se “premió al delincuente, al que incumple y queda perjudicado el dueño”, y expresó: “Eso venimos a cambiar”. En tanto, manifestó: “Parece que hablar de propiedad privada es una mala palabra, pero está en la Constitución y no respetarla, eso es violarla”.
Sobre el tema de los desalojos, calificó de “calvario judicial” la posibilidad de querer recuperar una propiedad y precisó que en 2025 en la Ciudad de Buenos Aires hubo 1.194 juicios de desalojo, 495 por vencimiento de contrato, 270 por falta de pagos, 200 por intrusión. “Esto lo tiene que cambiar la ley”, resaltó.
Bullrich respaldó la propuesta de una tramitación por juicio sumarísimo que “le van a dar certeza a quien tiene una propiedad y la usa de alquiler”, y aclaró que en el proyecto se diferencia los intrusos y ocupantes ilegales de aquellos que tienen un incumplimiento contractual. “La justicia tiene que ser rápida, pero equitativa. Se puso una protección adicional para los sujetos vulnerables”.
Respecto de las expropiaciones, aclaró que “no se pagan”, y agregó: “Limitar el poder del Estado sobre las expropiaciones es proteger a los ciudadanos que fueron expropiados y tardaron 18 años aquello que le expropiaron. El peor enemigo ha sido el Estado”. En esa línea, precisó que actualmente en el país hay 816 expedientes judiciales activos por expropiaciones, con una demora de 17 años para cobrar.
“Esta ley le devuelve los derechos constitucionales al ciudadano, la utilidad pública se va a interpretar de manera restrictiva para que no puedan hacer cualquier cosa. Las indemnizaciones se van a pagar antes así se termina con el robo a la ciudadanía. Estamos volviendo a poner una ley que había quedado sin práctica, fue una idea de bloques aliados, la Ley Pierri que saneó 300 mil títulos de la década del 90’ para que puedan tener su título de propiedad de manera digitalizado, más fácil”, explayó.
Por último, sobre Manejo del Fuego sostuvo que los bosques nativos “no se tocan”, pero consideró que hay una confusión entre bosque nativo y propiedad de una persona que no puede utilizar su tierra: “¿Quién decide si fue accidental o no el incendio? Las personas pierden todo. Es insólito. Castiga por igual si lo incendia el dueño o fue víctima. Pierde porque no puede utilizar su campo. Eso no es justicia, es burocracia y es injusto. Esto es desproporcionado”.
A su vez, justificó la modificación de los dictámenes porque “se discute, porque hay democracia, porque el Congreso no es una escribanía. Escuchamos, debatimos y construimos consenso. Por eso decidimos retirar el capítulo de Tierras”.
La transacción puso en evidencia la facilidad con la que grandes extensiones de territorio podían transferirse a intereses foráneos sin una intervención estatal que protegiera a los habitantes y los bienes comunes.
El caso de Valle Hermoso se transformó en un símbolo que impulsó la sanción de la Ley 26.737 en 2011. La normativa estableció un límite del 15% a la propiedad extranjera sobre tierras rurales, fijó topes máximos por cada titular y prohibió la venta de terrenos con cuerpos de agua permanentes. La ley buscó frenar nuevas maniobras que pudieran afectar a otras comunidades rurales y proteger tanto a los habitantes como a los recursos naturales.
La recuperación de la tierra por la comunidad
Tras la venta, la comunidad de Valle Hermoso inició una extensa batalla judicial para recuperar la posesión de sus tierras. Los pobladores reclamaron que nunca habían perdido la ocupación real ni el derecho a habitar, trabajar y vivir en el lugar. La justicia provincial de La Rioja intervino y, luego de varios años de litigio, reconoció la posesión a quienes habitaban el pueblo.
La resolución judicial determinó que, aunque la escritura de la transacción formalizó la venta y cedió la titularidad registral a un extranjero, los derechos de los pobladores estaban amparados por la legislación vigente y el Código Civil.
El proceso terminó con el reconocimiento judicial de la posesión efectiva para los habitantes de Valle Hermoso. El comprador extranjero no avanzó con reclamos formales ni logró tomar posesión del predio, y la comunidad mantuvo su derecho a permanecer en el territorio
Situación actual y contexto de la reforma legislativa
Hoy, Valle Hermoso permanece como parte de Argentina, bajo control de sus habitantes y de la provincia de La Rioja. El caso se utiliza como antecedente central en el debate sobre la regulación de la propiedad de la tierra rural y la extranjerización de recursos estratégicos. La experiencia motivó la aprobación de la Ley de Tierras y sirve de ejemplo para advertir sobre los riesgos de la falta de controles estatales en la compraventa de grandes extensiones de territorio.
El debate parlamentario sobre la Ley de Tierras reactivó el caso de Valle Hermoso como referencia para discutir los riesgos de la extranjerización de la tierra y la necesidad de mantener regulaciones que resguarden la soberanía territorial y los derechos de las comunidades locales
Valle Hermoso sigue bajo soberanía argentina y su historia se mantiene como referencia cada vez que el Congreso discute los límites a la propiedad extranjera en el país.
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