El Gobierno consiguió menos de los USD 4.000 que había anunciado. Pagará tasas de hasta 7,75% y los contratos quedarán bajo jurisdicción de tribunales de Nueva York.
Luis Caputo consiguió los dólares para pagar el mega vencimiento de deuda, pero abrió otra puerta delicada: más endeudamiento externo, garantías multilaterales, bancos privados cobrando jugosas comisiones y delegación de la jurisdicción en Nueva York. El ministro muestra el salvavidas. La letra chica muestra la soga.
El Ministerio de Economía oficializó dos nuevas operaciones de endeudamiento internacional por un total de USD 3.200 millones. Los fondos estarán destinados a financiar al Tesoro Nacional mediante préstamos garantizados por organismos multilaterales de crédito. En la presentación oficial, la jugada aparece como una forma de bajar el costo financiero. En la trastienda, la discusión es bastante menos prolija.
La primera operación es por hasta USD 2.000 millones. Será aportada por BBVA y Banco Santander, con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del MIGA, ambos del Grupo Banco Mundial. The Bank of New York Mellon actuará como agente administrador. El Banco Nación, en tanto, fue designado agente de proceso en Nueva York.
La segunda operación es por hasta USD 1.200 millones. El prestamista será Deutsche Bank AG, London Branch. Esa deuda tendrá una garantía parcial del BID por hasta USD 550 millones. También en este caso BNY será agente administrador y el Banco Nación actuará como agente de proceso en Estados Unidos
La letra chica trae un dato que en Economía prefieren pasar rápido. Las resoluciones reconocen a los bancos una comisión del 0,50% sobre el monto total de cada préstamo. No es vuelto. Sobre USD 3.200 millones, implica unos USD 16 millones sólo por esa comisión. A eso se suman honorarios, gastos y el costo financiero de las garantías.
«La comisión de los bancos por colocar préstamos esta standarizada, pero no para prestámos que tienen cubierto el 95% con garantías como es este caso», indicó a LPO uno de los expertos consultados.
El Gobierno sostiene que las tasas son más bajas que las que debería pagar si saliera solo al mercado. El tramo con garantía del Banco Mundial ronda el 6,3% anual. El tramo con respaldo parcial del BID llega al 7,75%. Promediado, el costo queda cerca del 7% antes de terminar de contar todos los cargos. El ahorro existe frente a una emisión dura en Wall Street, pero la pregunta incómoda es otra: cuánto vale realmente una deuda casi cubierta por organismos multilaterales.
«Una tasa del 6% implica una tasa neta de riesgo altísima, y esta a mas de un punto arriba», indicó a LPO un ex viceministro de Economía. «No es un aval, es una garantía. Se activa si ocurre un evento de impago, pero el responsable final de la deuda es la Argentina, no el Banco Mundial», completó.
La fuente también marcó otro punto sensible: la jurisdicción. El decreto que habilitó estas operaciones permite prorrogar jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York. «Lo de la jurisdicción es un tema bastante sensible, pero supongo que viene de la mano con el hecho de que es un préstamo sindicado bancario y requieren firmar papeles», dijo el ex funcionario.
Otro punto que generó ruido entre otros especialistas consultados es el rol de The Bank of New York Mellon. En los papeles figura como agente administrador. Sin embargo, una fuente consultada advirtió que BNY ya tiene una historia sensible en la deuda argentina. «No puede ser fiduciario y prestamista de Argentina», cuestionó. La observación apunta al posible conflicto entre funciones en una operación donde el Estado vuelve a delegar una parte central del manejo financiero en un actor de Wall Street.
La operación también deja al descubierto los baches del programa financiero de Caputo. En la presentación oficial, Economía había consignado que por esta vía ingresarían USD 4.000 millones en préstamos con garantía de organismos internacionales durante 2026. Por ahora, lo anunciado son USD 3.200 millones. Faltan USD 800 millones para empatar la filmina.
No es el único descuadre. Algo parecido ocurrió con las privatizaciones. En los cuadros de Economía figuraban USD 2.300 millones para el período, pero el propio Caputo habló luego de un rango de entre USD 500 y USD 1.000 millones para el mismo horizonte. El plan financiero parece una mesa de truco.
El último frente es el constitucional. Un diputado opositor planteó que «debería haber una ley formal del Congreso autorizando el empréstito, pero apenas hay decretos del Ejecutivo y resoluciones conjuntas del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial». Para esa mirada, el problema no es sólo financiero. Es institucional.
La Constitución le otorga al Congreso la facultad de contraer empréstitos y arreglar el pago de la deuda. La Ley de Administración Financiera exige que las operaciones de crédito público estén contempladas en la ley de presupuesto o en una ley específica. La Ley de Presupuesto 2026 habilita al Ejecutivo a tomar deuda dentro de determinados topes y condiciones.
Ahí se apoya el Gobierno para defender la operación.Del otro lado del mostrador responden que la Ley de Presupuesto 27.798 autoriza al Tesoro a emitir deuda externa bajo jurisdicción extranjera por un monto máximo de hasta USD 36.520 millones. Según esa lectura, Economía tiene margen legal para administrar pasivos y enfrentar el calendario financiero sin pedir una ley por cada operación.
La discusión, sin embargo, no se agota en el cupo. Una cosa es tener una autorización general. Otra es cerrar préstamos sindicados con bancos extranjeros, garantías multilaterales, comisiones millonarias y tribunales de Nueva York como árbitro final de un eventual conflicto. En esa diferencia se mete la pelea política.
«Es un papelón que daña el concepto de seguridad jurídica. Por cosas como esta terminamos en los tribunales de Nueva York», consideró la fuente parlamentaria. También cuestionó la falta de información pública sobre los términos completos del nuevo endeudamiento.
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