Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante un procedimiento realizado por personal de Gendarmería para desalojar la ruta 40.
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reabrió la investigación por la muerte de Santiago Maldonado y ordenó pruebas para determinar si pudo haber abandono de persona por parte de personal de Gendarmería o miembros de la comunidad mapuche que estaban junto al joven en agosto de 2017.
«Nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudodos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos», advirtieron los camaristas Aldo Suarez, Javier Leal de Ibarra y Hebe Corchuelo de Huberman en el fallo al que accedió Télam.
El Tribunal de Apelaciones resolvió así una apelación presentada a principio de año por los querellantes del caso, ratificó que no se probó el delito de desaparición forzada, pero revocó el sobreseimiento al gendarme Emmanuel Echazú y también el cierre de la pesquisa.
Los jueces explicaron que las pruebas existentes confirman que la «hipótesis más probable del hecho es la asfixia por sumersión», pese a lo cual sostuvieron que buscan «despejar cualquier duda razonable y favorecer el derecho a la verdad».
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