La Defensoría del Pueblo informó que, el Ente Nacional de Regulación de Electricidad definirá en 45 ó 60 días los montos y la forma en que se abonará una compensación por el histórico apagón del 16 de junio que surgirá de las multas aplicadas a los responsables, luego del Instrumento que dicte el ENRE.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca explicó que el ENRE es el encargado de establecer las penalidades a la empresa TRANSENER y cuya multa máxima a recibir es del 10% de su facturación. “Si tenemos en cuenta que la empresa posee ingresos por alrededor USD 100 millones, lo que quedaría en concepto de infracción, podría llegar a USD 10 millones, conforme al marco regulatorio del contrato de concesión”, agregó.
El prolongado corte de energía eléctrica sufrido por los usuarios residenciales y comerciales el último 16 de junio coincidió con las elecciones provinciales y con los festejos por el día del padre, fecha para la que panaderías, reposterías, casas de venta de comida, restaurantes, y otros emprendimientos pensaban obtener diferencias sustanciales y por lo tanto el incremento en las ventas.
El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, al informar sobre el apagón en la Comisión de Energía del Senado, había asegurado que la empresa transportadora de energía eléctrica Transener fue «un claro responsable primario» del apagón y declaró que hubo un «cúmulo» de fallas de parte de los generadores y las distribuidoras que terminaron en el «colapso» del sistema.
En el caso de la transportadora de alta tensión, el marco regulatorio establece un máximo de 10% de la suma de penalizaciones sobre la remuneración anual y del 50% de la remuneración mensual. Para las generadoras, también cuestionadas por el informe presentado en el Congreso, se explicó que ante una reducción de la confiabilidad puede ser limitado en el despacho afectando su remuneración.
Desde el Organismo de la Constitución se mostraron cautelosos a los anuncios de las Autoridades del Gobierno nacional, teniendo en cuenta que “desde un primer momento y hasta la fecha nadie se hizo cargo de esta situación y ahora dentro de un proceso electoral, aparece el ENRE, una entidad que en lugar de sancionar a las empresas y defender los intereses de los usuarios, al igual que CAMMESA y las transportadoras TRANSENER o TRASNEA, reciben y obedecen órdenes políticas de las Autoridades nacionales de turno, imponiendo tarifazos y llevando a cabo Audiencias Públicas vergonzosas, donde la falta de información es una constante”.
Fuente: La Mañana.
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