El Superior Tribunal de Justicia de Formosa rechazó la denuncia impulsada por Gabriela Neme contra periodistas y ratificó que la cobertura en espacios públicos de tribunales está amparada por la libertad de prensa
El Superior Tribunal de Justicia de Formosa (STJ) desestimó la denuncia presentada por la ex diputada Gabriela Neme contra periodistas que la filmaron en los pasillos de tribunales y ratificó que la actividad periodística en espacios comunes está plenamente protegida por la Constitución.
La Resolución N.º 179/26 fue contundente. No solo desestimó la denuncia impulsada por Neme, sino que además reafirmó que la presencia de periodistas en espacios comunes del Poder Judicial no solo es legal, sino también parte esencial del ejercicio informativo. En otras palabras, lo que la ex legisladora presentó como una supuesta vulneración de derechos no fue más que una práctica habitual del periodismo.
El caso se originó cuando Neme fue filmada en un pasillo de tribunales tras participar en una audiencia. Lejos de tratarse de una situación irregular, los trabajadores de prensa habían ingresado correctamente al edificio, se registraron como corresponde y se encontraban allí para cumplir su tarea. Aun así, la ex diputada decidió avanzar con una denuncia que, a la luz del fallo, carecía de sustento jurídico.
El máximo tribunal provincial no dejó margen para interpretaciones ambiguas. Diferenció con claridad entre las salas de audiencias —donde pueden existir restricciones específicas— y los espacios de circulación pública, como pasillos o mesas de entrada. Sobre estos últimos, fue categórico: son de libre tránsito y la prensa puede desempeñar su labor sin interferencias.
Otro punto clave del pronunciamiento fue la advertencia sobre el rol del Estado. Los jueces subrayaron que no le corresponde al Poder Judicial definir qué está bien o mal en el ejercicio del periodismo, salvo en casos excepcionales. Es decir, no hay lugar para interpretaciones discrecionales que puedan derivar en restricciones indirectas a la prensa.
En definitiva, lo que quedó en evidencia es una sobrerreacción que terminó debilitando la posición de la propia denunciante. En lugar de abrir un debate legítimo sobre límites y derechos, la presentación de Neme terminó siendo leída como un intento fallido de condicionar el trabajo periodístico
Además, el tribunal recordó que este tipo de situaciones forman parte de la dinámica cotidiana en tribunales y que nunca antes habían sido objeto de sanciones o prohibiciones. Ese dato no es menor: refuerza la idea de que la denuncia no solo era débil en términos legales, sino también desalineada con prácticas consolidadas.
El fallo, en este sentido, fortalece una premisa básica: en los espacios públicos —y los tribunales lo son en gran medida— la prensa tiene derecho a estar, a registrar y a preguntar. Y ese derecho no puede quedar sujeto a la incomodidad de quienes ocupan o han ocupado cargos de poder.
Fuente: Infobae
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