El senador nacional peronista por Formosa José Mayans advirtió hoy que el proyecto de ley de extinción de dominio de bienes provenientes de delitos complejos, que se trata en el Senado y cuenta con media sanción de la Cámara Baja, debe ser “evaluado con seriedad” a los efectos de conseguir la firma de “un dictamen de comisiones por consenso” y que garantice “el debido proceso y el principio presunción de inocencia”.
“Estamos legislando sobre un tema muy delicado que toca el derecho de propiedad, que está en la Constitución Nacional y que debemos garantizar, para que esto no se utilice luego para una persecución de tipo político”, alertó Mayans, durante el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico, donde se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 7 de agosto en procurar de emitir un dictamen consensuado.
Asimismo, respaldó una de las ideas propuestas desde la oposición para que la nueva ley contemple al Ministerio Público Fiscal como el organismo encargado de promover las acciones necesarias, ante el juez que entienda en alguna causa por delitos complejos, para asegurar el desapoderamiento inmediato de los bienes de que se trate así como el cumplimiento de una eventual sentencia de extinción de dominio.
“La figura del Ministerio Público Fiscal es importante en este proyecto porque tiene una visión extra-poder y actúa con cierto grado de imparcialidad en la causa, además de que el fiscal depende del sorteo”, detalló el legislador.
De esa manera, rechazó que esa potestad recaiga en el Procurador del Tesoro, que depende del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Justicia, tal como se impulsa en otra de las iniciativas formuladas al respecto.
En ese sentido, señaló: “Todos estamos en conocimiento de que el anterior Procurador del Tesoro hizo un dictamen, por un tema que todos conocemos, que al Poder Ejecutivo no le gustó y lo echaron prácticamente, aunque le hayan ofrecido, como salida elegante, un cargo para trabajar en la lucha por los derechos humanos”.
“El problema es que el Procurador del Tesoro depende del Presidente y del Ministerio de Justicia y, por eso, no está bien que en un proyecto como este dependa del Poder Ejecutivo, en donde hay miembros que pueden ser acusados por alguno de estos delitos y, en ese sentido, se puede llegar a evaluar si conviene o no conviene promover determinadas acciones”, explicó. Y apuntó que esta norma debe impedir al máximo la discrecionalidad ya que sino “puede pasar de todo, inclusive la persecución política. No me gustaría que se armen listas y que no haya imparcialidad a la hora de definir a quien investiga y a quien no”.
El senador formoseño consideró como “muy importante” la propuesta de ampliar la aplicación de la medida a los delitos vinculados con manipulaciones bursátiles, manejo de información privilegiada y de fondos no declarados en cuentas off -shore, y recordó que “hay delitos que han vaciado el país y es importante saber qué pasó”.
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