La entrada en vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y su reglamentación a través del Decreto 84/2026 introduce cambios importantes en el sistema de pensiones. Desde ahora, el beneficio pasa a denominarse Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y establece un nuevo esquema que combina instancias de control con mayores garantías para quienes lo perciben.
Se informó que uno de los puntos centrales es que ya no podrán realizarse bajas automáticas. Antes de suspender o cancelar una pensión, el organismo competente deberá notificar al titular, darle la posibilidad de presentar un descargo y analizar su situación de manera individual. Es decir, toda interrupción deberá contar con una instancia previa de revisión.
En este marco, la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, podrá realizar auditorías médicas y socioeconómicas cuando lo considere necesario. Sin embargo, el procedimiento contempla notificación previa, derecho a defensa y evaluación particular de cada caso.
En lo vinculado a este tema, la titular de la Dirección de Personas con Discapacidad de la Provincia, Susana Jara, subrayó que “Formosa es, hasta el momento, la única Jurisdicción donde se abonaron de manera retroactiva las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas por la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.
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