Las denuncias sobre irregularidades se multiplicaron en distintos rincones del pa\u00eds, y motivaron una acci\u00f3n concreta. Decidido a que los $31.000 millones que destinar\u00e1 este a\u00f1o a paliar el grave d\u00e9ficit habitacional que vive el pa\u00eds \u00abllegue efectivamente a quienes lo necesitan\u00bb, el gobierno de Mauricio Macri decidi\u00f3 centralizar el control de los fondos que reciben los gobernadores para la construcci\u00f3n y el otorgamiento de viviendas sociales.<\/p>\n
La novedad, que llega en l\u00ednea con las medidas de \u00abausteridad\u00bb y control del gasto tomadas por el Gobierno en las \u00faltimas semanas, fue transmitida ayer por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , a los titulares de los Institutos Provinciales de Vivienda (IPC) de todo el pa\u00eds, reunidos en San Juan en el contexto del Consejo Nacional de Vivienda.<\/p>\n
Las irregularidades detectadas, y la necesidad adem\u00e1s de sacar un r\u00e9dito pol\u00edtico en v\u00edsperas del crucial y decisivo 2019, confluyeron en el cambio de postura oficial. \u00abViviendas que estaban previstas para aquellos que no pueden acceder a un cr\u00e9dito iban para gente de clase media o se utilizaban para hacer pol\u00edtica. La idea es terminar con ese uso discrecional de los fondos y las viviendas\u00bb, afirmaron a LA NACION voceros del ministro.<\/p>\n
La inminente puesta en marcha de la Base \u00danica de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado \u00abevitar los abusos\u00bb, que cerca de Frigerio adjudican, sobre todo, a \u00abprovincias gobernadas por el PJ\u00bb.<\/p>\n
Se trata, en realidad, de la puesta en marcha de una resoluci\u00f3n (la 122-E) firmada en diciembre pasado por el entonces secretario de Vivienda Domingo Amaya, en el contexto del Plan Nacional de Vivienda, que este a\u00f1o tiene un presupuesto de $15.000 millones a repartir entre las provincias. A ese n\u00famero se le suman los $16.500 que contendr\u00e1 el plan Fonavi, destinados a Vivienda e Infraestructura.<\/p>\n
\u00abLas provincias tienen reclamos permanentes de financiamiento para viviendas. Lo que les pedimos es que adhieran a esta resoluci\u00f3n que nos permitir\u00e1 ir hacia un objetivo: ordenar la demanda y que la pol\u00edtica de vivienda le hable a la gente\u00bb, afirm\u00f3 el actual secretario de Vivienda, Iv\u00e1n Kerr, que acompa\u00f1\u00f3 a Frigerio a San Juan .<\/p>\n
Frigerio se reuni\u00f3 con U\u00f1ac, despu\u00e9s de las tensiones por la reforma previsionalFrigerio se reuni\u00f3 con U\u00f1ac, despu\u00e9s de las tensiones por la reforma previsional Cr\u00e9dito: Ministerio del Interior
\nEl gobernador local, Sergio U\u00f1ac, fue el primero en confirmar su adhesi\u00f3n a la resoluci\u00f3n que crea el registro de beneficiarios, con lo cual cada pedido deber\u00e1 pasar, en primer lugar, por la administraci\u00f3n central antes de ser adjudicado. El Gobierno prev\u00e9 cruzar los datos que env\u00eden las provincias con las bases de datos de organismos como la Anses, AFIP, el Banco Central o el Registro Nacional de las Personas. \u00abAll\u00ed saltar\u00e1 si la persona tiene otra propiedad, si la tuvo, si recibe planes sociales\u00bb, detallaron desde el Gobierno.<\/p>\n
Seg\u00fan datos del Ministerio del Interior, hay en este momento 84.000 viviendas en ejecuci\u00f3n en todo el pa\u00eds. \u00abSabemos que no alcanza, por eso queremos pasar de un Estado asistencialista a un Estado facilitador de cr\u00e9ditos\u00bb, ampliaron las fuentes oficiales.<\/p>\n
En Casa Rosada mencionan el caso de Tucum\u00e1n , donde a fines del a\u00f1o pasado se sucedieron las denuncias contra el IPV, con empleados que presuntamente se hac\u00edan pasar por gestores, cobraban adelantos por el acceso a una vivienda que jam\u00e1s se concretaba.<\/p>\n
En la misma San Juan, donde se desarroll\u00f3 la reuni\u00f3n de representantes provinciales, abundaron a principios de a\u00f1o las denuncias sobre beneficiarios de viviendas sociales que luego de un tiempo vend\u00edan sus casas. Y en Chubut a\u00fan se recuerda el juicio, el a\u00f1o pasado, contra miembros del IPV de Comodoro Rivadavia , que ped\u00edan un dinero adelantado a los beneficiarios para otorgarles las casas.<\/p>\n
En los sondeos previos, Kerr se encontr\u00f3 con muchos apoyos y una sonora negativa: la de San Luis . Los funcionarios que responden al gobernador Alberto Rodr\u00edguez Sa\u00e1 se manifestaron reticentes a entregar la base de datos, con el argumento de que ello significar\u00eda \u00abuna intromisi\u00f3n en los n\u00fameros de la provincia\u00bb. A ellos, y a quienes se opongan, la Casa Rosada les dir\u00e1 que la adhesi\u00f3n a la resoluci\u00f3n que los obliga a dar sus listados de beneficiarios es condici\u00f3n para recibir el financiamiento.<\/p>\n
Para el Gobierno, otro dato que obliga a reforzar controles es lo ocurrido con el Fonavi. \u00abLas provincias adhirieron a la ley 24.464 que los obliga a repartir los fondos de acuerdo a criterios de vulnerabilidad. Pero ninguna provincia, o casi ninguna, los cumple\u00bb, coment\u00f3 una fuente oficial.<\/p>\n
\u00abImaginamos que habr\u00e1 una amplia mayor\u00eda de gobernadores que no se opondr\u00e1 a una mayor transparencia\u00bb, afirm\u00f3 Kerr, confiado en que la presi\u00f3n a las provincias rinda r\u00e1pidos frutos.<\/p>\n
Historias de estafas y negociados\u00a0<\/strong>Antecedentes en diferentes provincias<\/strong><\/p>\n Jujuy: Entre los a\u00f1os 2004 y 2015, el Ministerio de Planificaci\u00f3n Federal, Inversi\u00f3n P\u00fablica y Servicios suscribi\u00f3 seis convenios para la construcci\u00f3n de viviendas con cooperativas de trabajo pertenecientes a la Tupac Amaru . Hasta la fecha, y no obstante haberse pagado la terminaci\u00f3n de todas estas obras, existe un faltante de 1827 viviendas, todo lo cual redunda en una significativa afectaci\u00f3n al fisco por el valor de $716.016.757,35.<\/p>\n Buenos Aires: En junio de 2016, vecinos de la ciudad de La Plata que viv\u00edan en el barrio N\u00e9stor Kirchner, construido con el Plan Federal de Viviendas, salieron a denunciar que el lugar nunca fue terminado, y que solo se entregaron 723 casas de las 1200 viviendas que preve\u00eda el proyecto. La obra fue proyectada en 2007 en la \u00f3rbita del Ministerio de Planificaci\u00f3n Federal e inaugurada por Julio De Vido y el entonces secretario L\u00f3pez.<\/p>\n Tucum\u00e1n: Se abri\u00f3 en enero una causa penal para investigar la existencia de una organizaci\u00f3n criminal dedicada a cometer estafas con la entrega de viviendas sociales. Seg\u00fan una denuncia del Ipvdu, personas ajenas al organismo cobraban dinero para gestionar la adjudicaci\u00f3n de casas construidas con fondos del Estado. La principal se\u00f1alada es Elizabeth Rosa Alzogaray, una cooperativista con fuertes lazos con el peronismo tucumano.<\/p>\n R\u00edo Negro: Dos a\u00f1os atr\u00e1s quedaron paralizadas unas 2500 viviendas del Plan Techo Digno por falta de rendiciones y desv\u00edos de fondos nacionales que administraron 18 municipios. La causa est\u00e1 en manos del juez Claudio Bonadio . El gobierno nacional y el provincial acordaron transferir el plan a la \u00f3rbita del Instituto Provincial de la Vivienda, que el a\u00f1o pasado reactiv\u00f3 las obras con recursos derivados de Naci\u00f3n.<\/p>\n San Juan: En esta provincia abundaron a principios de a\u00f1o las denuncias sobre beneficiarios de viviendas sociales que luego de un tiempo vend\u00edan sus casas. Esta maniobra no est\u00e1 permitida. Por ello, desde el IPV informaron que est\u00e1n saliendo a recorrer los barrios para saber el estado de las viviendas en relaci\u00f3n con sus adjudicatarios, aunque remarcaron que no pueden actuar de oficio Fuente: La Naci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\nChubut: El a\u00f1o pasado, acusaron de asociaci\u00f3n il\u00edcita a exfuncionarios del IPV de Comodoro Rivadavia, que ped\u00edan un dinero adelantado a los beneficiarios para otorgarles las casas. Los imputados, entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, tomaron parte en montar una estructura para adjudicar de manera ilegal a personas que no reun\u00edan los requisitos viviendas. Se entregaron con ese modus operandi m\u00e1s de 80 viviendas.<\/p>\n