La informaci\u00f3n se desprende de un informe realizado por el Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo.<\/p>\n
El \u201cHuman Rights Report 2022\u2033, elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU, alert\u00f3 sobre los graves casos de corrupci\u00f3n en el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez y por la embestida contra el Poder Judicial.<\/p>\n
En el informe, que analiza la situaci\u00f3n de los derechos humanos en el mundo, tambi\u00e9n se destaca que si bien \u201cel gobierno tom\u00f3 medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupci\u00f3n\u201d, no fueron las suficientes para lograr que los acusados fueran condenados.<\/p>\n
\u201cLa ley prev\u00e9 sanciones penales por corrupci\u00f3n de funcionarios, pero el gobierno no aplic\u00f3 la ley de manera efectiva\u201d, sostiene el informe, que hace alusi\u00f3n a \u201cun sistema judicial politizado\u201d que \u201csocav\u00f3 los intentos sistem\u00e1ticos de frenar la corrupci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Incluso, mencion\u00f3 que hasta septiembre de 2022 -que es el mes en que concluy\u00f3 el informe- hab\u00eda varias investigaciones en curso contra figuras pol\u00edticas de alto rango, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ex personalidades pol\u00edticas. Es decir, hace omisi\u00f3n la condena de 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n que recibi\u00f3 la ex presidenta por la causa Vialidad, en diciembre del a\u00f1o pasado.<\/p>\n
De todas maneras, el informe hace un resumen sobre la situaci\u00f3n judicial de Cristina Kirchner y otros 9 imputados principales (de 45 en total), que fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras p\u00fablicas entre 2008 y 2015 cuando Fern\u00e1ndez de Kirchner era la Jefa de Estado. \u201cLos fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en USD160 millones\u201d, se\u00f1ala el reporte de EE.UU, y \u201cpidieron que sea condenada a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n y se impusiera una prohibici\u00f3n de por vida para servir para ejercer cargos p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n
En lo que respecta a la corrupci\u00f3n, el Departamento de Estado se\u00f1al\u00f3 a otros organismo donde predominan los delitos: \u201cHubo corrupci\u00f3n y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad\u201d. Y agreg\u00f3 que \u201clos abusos m\u00e1s frecuentes incluyeron la extorsi\u00f3n y la protecci\u00f3n de las personas involucradas en el tr\u00e1fico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostituci\u00f3n. Las denuncias de corrupci\u00f3n en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, advirti\u00f3 sobre \u201clas demoras prolongadas, los atascos procesales, las largas lagunas en el nombramiento de los jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial\u201d argentino.<\/p>\n
En ese sentido, hizo referencia a que en la Argentina \u201cla ley prev\u00e9 un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales\u201d. Y puso como ejemplo las investigaciones realizadas por ONG nacionales, que se\u00f1alan que \u201clos jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales a veces eran objeto de manipulaci\u00f3n pol\u00edtica\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a los procedimientos para llevar adelante las investigaciones, muchos de los cuales contribuyeron a que la opini\u00f3n p\u00fablica pensara que \u201calgunas de las decisiones judiciales eran arbitrarias\u201d.<\/p>\n
El gobierno de Joe Biden se\u00f1al\u00f3 que entre las violaciones a los derechos humanos existentes hab\u00eda que hacer foco en \u201cinformes fidedignos de homicidios ileg\u00edtimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales\u201d.<\/p>\n
En otro de los cap\u00edtulos del reporte se hizo referencia a la libertad de expresi\u00f3n que hay la Argentina: \u201cLa Constituci\u00f3n establece la libertad de expresi\u00f3n, incluso para los miembros de la prensa y otros medios de comunicaci\u00f3n, y el gobierno generalmente respet\u00f3 este derecho\u201d.<\/p>\n
Sin embargo, destac\u00f3 que hubo ataques a distintos sectores de la prensa por parte del gobierno que \u201csocavan la libertad de expresi\u00f3n en el pa\u00eds\u201d y que fueron alertados por el Foro Argentino de Periodismo (FOPEA). Entre ellos, mencion\u00f3 las demandas contra la periodista Irene Benito (La Gaceta) y los periodistas Daniel Santoro (Clar\u00edn) y Daniel Enz (Revista An\u00e1lisis). En todos estos casos, FOPEA argument\u00f3 que figuras pol\u00edticas utilizaron el sistema legal para silenciar a estos periodistas.<\/p>\n
Fuente: Infobae.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"