En la misma norma se preve\u00eda un mecanismo r\u00e1pido de extradici\u00f3n de delincuentes.<\/p>\n
El gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez le puso punto final a la pol\u00edtica migratoria de la gesti\u00f3n de Mauricio Macri mediante la cual se impusieron controles m\u00e1s estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los tr\u00e1mites de expulsi\u00f3n de inmigrantes con antecedentes penales. El rol de los organismos internacionales en esta decisi\u00f3n y la explicaci\u00f3n del Presidente.<\/p>\n
En enero de 2017, Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modific\u00f3 la Ley de Migraciones. Ampar\u00e1ndose en la definici\u00f3n de que cada Estado tiene \u201cla prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisi\u00f3n y expulsi\u00f3n de los no nacionales\u201d, se cre\u00f3 un \u201cprocedimiento migratorio especial sumar\u00edsimo\u201d para negar el ingreso y expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad. El argumento de ese entonces radic\u00f3 en \u201cla duraci\u00f3n de los procesos administrativos y judiciales\u201d y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanz\u00f3 al 21,3% de la poblaci\u00f3n carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotr\u00e1fico, la cifra de inmigrantes sub\u00eda al 33% en aqu\u00e9l a\u00f1o.<\/p>\n
La norma estableci\u00f3 tambi\u00e9n la prohibici\u00f3n de ingreso a las personas que presenten documentaci\u00f3n falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes \u2013tanto en Argentina como el exterior- \u201cpor delitos que merezcan seg\u00fan las leyes argentinas penas privativas de libertad\u201d o \u201cdelitos de tr\u00e1fico de armas, de personas, de estupefacientes, de \u00f3rganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades il\u00edcitas\u201d. La prohibici\u00f3n de ingreso se extendi\u00f3 a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, cr\u00edmenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostituci\u00f3n. Adem\u00e1s, las mismas causas pod\u00edan ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado \u201ccualquiera fuese su antig\u00fcedad\u201d.<\/p>\n
En efecto, la Ley de Migraciones establec\u00eda que un extranjero pod\u00eda ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco a\u00f1os -en el caso de los residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres a\u00f1os, en el caso de los no residentes. La modificaci\u00f3n ampli\u00f3 la posibilidad de realizar el tr\u00e1mite de expulsi\u00f3n ante cualquier delito con pena de prisi\u00f3n. Para los no residentes, solo alcanzaba con un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.<\/p>\n
Este viernes el Gobierno derog\u00f3 el Decreto 70\/2017. Alberto Fern\u00e1ndez y todos los ministros del Gabinete Nacional firmaron el Decreto de Migraciones 138\/2021 que elimina el endurecimiento de los controles fijados durante el macrismo.<\/p>\n
El Gobierno explic\u00f3 que el DNU de Macri modific\u00f3 \u201caspectos sustanciales\u201d de la Ley de Migraciones \u201cque resultan irreconciliables con nuestra Constituci\u00f3n Nacional y con el sistema internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violaci\u00f3n al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricci\u00f3n a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prev\u00e9 la retenci\u00f3n preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricci\u00f3n a los derechos de reunificaci\u00f3n familiar y dispensa por razones humanitarias\u201d. Adem\u00e1s de sostener que la pol\u00edtica migratoria de Cambiemos no evidenci\u00f3 \u201cmejoras ponderables en otros aspectos\u201d, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 \u201cse agrav\u00f3 exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria\u201d.<\/p>\n
En marzo del 2018, la Sala V de la C\u00e1mara Contencioso Administrativo Federal declar\u00f3 la \u201cinvalidez constitucional\u201d de la mencionada norma por presentar \u201ccaracteres regresivos incompatibles con los est\u00e1ndares constitucionales y de derechos humanos vigentes en nuestro ordenamiento jur\u00eddico\u201d. En aquella oportunidad el gobierno de Macri recurri\u00f3 a la Corte Suprema para que se expida al respecto.<\/p>\n
Mientras tanto, el Comit\u00e9 de Protecci\u00f3n de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o y el Comit\u00e9 contra la Tortura, todos ellos de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, \u201chan expresado su profunda preocupaci\u00f3n y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"